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El Tribunal de Cuentas investiga a Tomás Gómez por el tranvía de Parla

El órgano fiscalizador designará a un instructor para que indague las graves irregularidades descubiertas por los auditores y los sobrecostes de la obra

Tranvia de Parla Ampliar foto
Gómez, en la inauguración del tranvía de Parla junto a Aguirre, Sebastián y Simancas.

La investigación en el Tribunal de Cuentas sobre el incremento de un 39% en los costes del tranvía de Parla (municipio al sur de la capital madrileña de casi 150.000 habitantes) no ha hecho más que comenzar. Los consejeros del órgano fiscalizador de las cuentas del Estado aprobaron la semana pasada un informe en el que, a lo largo de unos 200 folios, se describen las serias irregularidades económicas cometidas durante la construcción del tranvía que inauguró este municipio en mayo de 2007. Al frente de la alcaldía (1999-2008) estaba entonces el ex secretario general del PSOE de Madrid Tomás Gómez, mentor del proyecto. Todas las personas que hayan avalado los sobrecostes e irregularidades con sus firmas serán investigadas ahora por el tribunal.

El informe aprobado por el pleno detalla datos y cifras, pero no entra en valoraciones jurídicas sobre quiénes son los responsables. No es su misión. Pero este llegó acompañado de dos demoledores escritos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas (lo firma el propio fiscal jefe, Miguel Ángel Torres). Ambos informes coinciden en señalar las graves irregularidades que rodearon la creación de este tranvía, que acabó costando muchos millones más de los previstos.

El instructor “puede empezar a pedir a todos los implicados avales personales y decretar embargos sobre sus bienes si estos no se presentan”

El fiscal aprecia "responsabilidad contable” en las “modificaciones” de los contratos para las obras, que implicaron un sobrecoste de 36 millones de euros (“un 36,6% sobre el coste inicial”). Y también la aprecia en “el sistema de retribución del concesionario”; es decir, se pagaron 42 millones al promotor de las obras no registrados luego en las arcas del Ayuntamiento. Éste adelantó dinero a la concesionaria de las obras con el argumento de que ello le reportaría “un ahorro de 0,3 millones de euros”, cuando la realidad es que el ahorro fue para la promotora: 1,8 millones en costes financieros, entre otras irregularidades contables. También ve responsabilidad contable el fiscal “en la morosidad en el pago de las obligaciones del tranvía”.

Con fecha 31 de diciembre de 2014, el tranvía había generado una deuda al Consistorio de 180,5 millones. La promotora, por su lado, había recibido 138,6 millones, lo que se traducirá en un coste financiero de 15,25 millones, solo en este concepto. Además, hay obras cuyo sobrecoste debió sacarse a concurso dado su elevado importe, que no figuraban en los contratos iniciales.

El fiscal, al igual que el abogado del estado, sostiene que hay responsabilidad contable, pero tampoco apunta a ningún responsable, de momento. Pero lo que sí pide es que el exhaustivo informe que han elaborado los auditores del tribunal sea remitido a la Sección de Enjuiciamiento (los departamentos 1, 2 y 3 del Tribunal).

Con fecha 31 de diciembre de 2014, el tranvía había generado una deuda al Consistorio de 180,5 millones

El departamento en el que recaiga el asunto tendrá que designar un delegado instructor (una especie de juez instructor). Éste empezará a pedir toda la documentación de las obras del tranvía al Ayuntamiento y la promotora. Y, según fuentes del Tribunal, una vez calcule el desvío dinerario producido y recabe los nombres de los concejales y alcaldes que firmaron los citados sobrecostes (o ladearon la normativa sobre contratación), el delegado instructor “puede empezar a pedir a todos los implicados avales personales y decretar embargos sobre sus bienes si estos no se presentan”. “A juzgar por el informe y los escritos coincidentes del fiscal y el abogado del Estado, las irregularidades son gravísimas; el fiscal incluso, de oficio, podría remitir los hechos a la jurisdicción ordinaria si aprecia algún delito”.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, tras un juicio celebrado en la Sección de Enjuiciamiento, condenó a 395.000 euros a dos altos dirigentes del PP, Alfonso Alonso y Javier Maroto (dinero que tienen que devolver de sus bolsillos) por pagar con el dinero del Ayuntamiento de Vitoria, a un precio muy superior al del mercado, los alquileres de unas oficinas.

De momento, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas solo aprecia en su escrito “responsabilidad contable”. Durante el pleno, algunos consejero indicaron que también podía haber responsabilidad en el consorcio que formó el Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid para canalizar pagos y supervisar las obras. El Ayuntamiento de Parla, cercano a la quiebra y hoy gobernado por el PP, tendrá que pagar por el tranvía hasta 250 millones de euros en los próximos 20 años. Apenas iba a costar más de 94 millones. Fuentes socialistas de Parla mantienen que los sobrecostes se debieron a que hubo que extender el tranvía hasta el nuevo barrio de Parla Este y resolver problemas que surgieron en las obras, y que en ese barrio había 30.000 vecinos deficientemente comunicados.

El informe de los auditores del tribunal destaca que algunas modificaciones de los contratos (con un sobrecoste del 39%) no estaban justificadas, y que lo que inicialmente iba a costar 94 millones pasó a costar 130 (la deuda ahora es muy superior).

En fuentes del Tribunal de Cuentas ha causado sorpresa la difusión en diferentes medios de noticias que indicaban que el tribunal había cerrado el caso sin apreciar responsabilidad contable ni penal. “Tras los informes del fiscal y la Abogacía, obligatoriamente se tiene que nombrar un instructor y abrir una investigación, de momento por responsabilidad contable”, señalan los citados medios. Tras conocer esas noticias, Gómez pidió públicamente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que le pidiese disculpas. Gómez sostenía que fue apartado de la secretaria general (el PSOE creó una gestora para el partido en esta Comunidad) con el argumento de que había irregularidades en el asunto del tranvía, y, equivocadamente, entendió que el informe le exoneraba.