Operación contra la corrupción en 23 Ayuntamientos de 10 provincias

Tirando del hilo de una operación anticorrupción en Torredembarra (Tarragona) en junio de 2014, la Guardia Civil acabó entrando ayer en 23 ayuntamientos de 10 provincias por una supuesta trama de malversación de fondos públicos. Registró ocho consistorios: Torrejón de Ardoz, Miraflores y Chinchón, en Madrid; Tortosa, Ascó, Vandellòs y L'Ametlla de Mar, en Cataluña; y Trillo, en Guadalajara. En el resto (15) realizaron requerimientos. En total, 12 detenidos, entre ellos dos exalcaldes.

La llamada operación Térmyca, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, y tutelada desde el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), ha encontrado ramificaciones por media España. Presuntamente los 23 ayuntamientos implicados hasta el momento —de todos los signos políticos, y de 10 provincias desde Cataluña a Cádiz— utilizaban una consultora —llamada Efial primero y CGI después— para realizar contrataciones “a dedo”, sin concurso público de ningún tipo. La denuncia de una concejal de ERC, Montserrat Gassull, seguida de otras ante la Fiscalía, levantó la liebre, según fuentes de la investigación.

Por entonces, finales de junio de 2014, en la llamada operación Turm, fue detenido el propio alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué (CiU). Y fueron investigadas por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) las adjudicaciones del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aún era alcalde de Girona.

La propia Oficina Antifraude catalana recogió algunas denuncias sobre los presuntos desmanes de Efial en los ayuntamientos de parte de grupos de la oposición. Pero es precisamente el reciente cese de su director, Daniel de Alfonso, —por sus presuntas conspiraciones con el ministro del Interior— lo que desacredita esta operación para los líderes de Convergencia, que entienden que es otro capítulo de “la cueva de conspiradores en la que se ha convertido ese ministerio”.

Según los investigadores, existen pruebas de que esos ayuntamientos y sus representantes adjudicaban sospechosos contratos mediante la consultora Efial S.L. “Una empresa privada que gestiona los servicios públicos del ayuntamiento saltándose todos los controles administrativos y la intervención del Estado”, explicado en román paladino por uno de los agentes. El seguimiento de esa consultora ha llevado a los investigadores a esta oleada de registros y a detener a 12 personas, entre ellas, dos exalcaldes catalanes: Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglès —que ya fue arrestado por su vinculación con la trama del 3%—, y Andreu Martí, exregidor de L'Ametlla de Mar.

La operación ha desvelado toda una ingeniería financiera, en la que Efial habría sido absorbida por CGI y se habría extendido más allá de Cataluña. En total, 48 registros escalonados: 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en Ayuntamientos.

Los agentes han formulado además 15 requerimientos de documentación a los consistorios de Barcelona, Llinars del Vallès y Masquefa (Barcelona); La Seu d’Urgell (Lleida); Calonge y Girona (Girona); Cambrils (Tarragona); Alaior y Sóller (Islas Baleares); Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid); Benicàssim (Castellón); Armilla (Granada); y Palos de la Frontera (Huelva).

Aparte de los exregidores, fueron arrestados Jaume Beltrán (ingeniero municipal de L'Ametlla), Manuel Delgado Alemán (trabaja en la constructora ACSA), Ramón Solé (director de CGI), Blas Acosta (directivo de CGI en Madrid), Lucía Mora (interventora de los ayuntamientos investigados en Madrid), Toni Martos (presidente de Efial), Carles Bock (empresario), Oriol Mestre (empresario con antecedentes por blanqueo) y Xavier Xifrá (abogado de Efial).