Sexo, drogas y corrupción en la policía local de Palma

Palizas a prostitutas, connivencia con bandas de carteristas, droga requisada que se revendía después, elevadas sanciones a locales por infracciones inexistentes, alcohol y sexo gratis a cambio de avisar de las inspecciones, amenazas y cambios de destino a quienes trataban de revelar las irregularidades.

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Capítulos como estos han sido denunciados por decenas de testigos ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, que investigan desde hace casi tres años un caso de presunta corrupción en el seno de la policía municipal de Palma. Las pesquisas han destapado una trama, amparada según el juez por mandos policiales y responsables políticos, de trato de favor empresarios y de acoso y derribo mediante multas y sanciones a quienes no aceptaban los chantajes. El caso ha llevado a pasar por la cárcel a más de una quincena de agentes del cuerpo, de los que seis permanecen todavía en prisión preventiva.

El juez ha levantado de forma parcial el secreto de las actuaciones, que arrojan más de 24.000 folios con informes de la Guardia Civil y Hacienda, transcripciones de pinchazos telefónicos entre los agentes investigados y decenas de testimonios de empresarios extorsionados por la presunta trama corrupta y de trabajadoras de clubes de alterne a los que supuestamente acudían gratis policías y políticos a cambio de avisar de las inspecciones y archivar denuncias.

El juez implica a políticos del ámbito local que tenían responsabilidades en el Ayuntamiento, salpicando de lleno al actual presidente del PP palmesano. José María Rodríguez es un histórico y veterano dirigente del partido, que intentó ser alcalde de Palma, fue consejero de Interior en el Gobierno de Jaume Matas y logró alcanzar la Delegación del Gobierno en Baleares. Un cargo al que se vio obligado a renunciar en 2012 cuando el juez José Castro le imputó en una pieza separada del caso Palma Arena que investigaba facturas falsas vinculadas a la publicidad de las elecciones autonómicas de 2007.

El juez Penalva acusa a este líder popular de ser "el artífice en la sombra” del organigrama corrupto que se pretendía crear "mediante turbias maniobras". Según se desprende de las declaraciones de los testigos recogidas en el sumario, Rodríguez se reunía en la sede del PP palmesano con el entonces concejal de Turismo, Álvaro Gijón, y algunos de los agentes investigados en la trama para diseñar una nueva estructura policial en la que “únicamente se incorporarían personas afines al PP”. Otro de los testimonios recogidos en la causa apunta que los empresarios que no se sometían a las finalidades de Rodríguez eran presionados a través de grupos policiales ”a base de inspecciones y de denuncias injustificadas”.

Sexo a cambio de archivar denuncias

Las narraciones de empresarios y trabajadores presuntamente extorsionados y de policías locales que denunciaron las prácticas ilegales de sus compañeros revelan capítulos de coacciones, amenazas y palizas. Más de diez mujeres, cuya identidad ha sido protegida por seguridad, narran ante el juez y el fiscal el calvario sufrido en los locales de alterne en los que trabajaban y que eran visitados casi a diario por los agentes implicados en la trama, que supuestamente obtenían sexo, alcohol y, en ocasiones, hasta droga gratis a cambio de avisar de inspecciones y archivar actas de infracción.

Uno de los establecimientos de alterne se abría a las cinco de la tarde "solo para políticos" según narra una testigo, que asegura que todas las jóvenes que trabajan en el local "sabían que se entregaban sobres con dinero a políticos, agentes locales y guardias civiles". Las mujeres afirman que algunos de los empresarios organizaban fiestas privadas en fincas, en las que tenían que acostarse con los asistentes, "alcaldes de Mallorca, jefes de policía y cargos políticos". Una testigo relata que en una de las ocasiones había una menor de edad que fue obligada a prostituirse.

El fiscal Subirán también acusa a los agentes de tener una auténtica red de empresas paralelas a su trabajo como policías y amenazar a los dueños de los locales si no contrataban sus servicios. Suministraban personal de limpieza, máquinas expendedoras, agentes de seguridad, sistemas de vigilancia y seguros a numerosos establecimientos a los que, según algunos testigos, los agentes implicados tenían acceso libre y gratuito. Unos servicios que costaban caro a quienes no pasaban por el aro. Un solo local de alterne recibió 25 inspecciones en 12 días, mientras que el establecimiento contiguo, que contrató los servicios de los agentes, no sufrió ninguna.

El caso lleva tres años instruyéndose en los Juzgados de Palma y tanto el juez Penalva como el fiscal Subirán fueron autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil a llevar armas, después de que ambos lo solicitaran al sentirse amenazados y temer por su integridad a raíz de las órdenes de prisión dictadas contra un gran número de agentes. El fiscal denunció seguimientos, el robo de objetos personales y el allanamiento de su domicilio.