La policía ‘barre’ el Ministerio del Interior por las grabaciones a Fernández Díaz

Miembros de la Policía Judicial han entrado este viernes en la sede del Ministerio del Interior, en el número 5 del Paseo de la Castellana, para realizar un "barrido" en profundidad ("barrido interior, inspección exhaustiva y pericial exterior") y descartar así la existencia de elementos de grabación en las dependencias, según confirman fuentes de Interior.

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La actuación es casi meramente protocolaria, en el marco de una investigación policial por las recientes filtraciones de las grabaciones, realizadas hace dos años, al ministro Jorge Fernández Díaz (ahora en funciones) y al ahora exdirector de la Oficina Antifraude Catalana (OAC) Daniel de Alfonso.

Las conversaciones, en las que supuestamente conspiran contra líderes independentistas catalanes en octubre de 2014 —en los días previos a la consulta catalana del 9-N—, habrían sido registradas por algún elemento de grabación y su contenido ha sido filtrado recientemente por el diario digital Público, provocando un escándalo de dimensiones imprevisibles en ese ministerio en los días previos a las últimas elecciones generales del pasado 26 de junio.

El diario Público, que aún no ha entregado las copias de las grabaciones a la policía a falta de una orden judicial, deduce de las escuchas que se realizaron desde el teléfono móvil de De Alfonso, recientemente cesado por el Parlamento catalán. Es lo que parece por el sonido y los ruidos que se registran con el movimiento del exdirector de la Oficina Antifraude Catalana. Desde que estalló el escándalo, De Alfonso se ha esforzado por repetir una y otra vez que él no grabó al ministro, que no tiene ningún sentido dado el tono "coloquial" que emplea en esas conversaciones y que no ha filtrado nada. El ministro también ha negado que él grabase nada, por lo que todas las sospechas se centran en su círculo más cercano en aquellos días y en el propio grupo de agentes policiales (la llamada "policía patriótica"), a quienes presumiblemente se les encargaba obtener pruebas para criminalizar a adversarios u oponentes políticos.

Las grabaciones, según lo difundido por Público, se presentaron en clips de audio de aproximadamente media hora, como si cada vez que pasara ese tiempo se reactivara una nueva grabación. Fuentes policiales han asegurado que existe la posibilidad de instalar un software en un teléfono, "una modalidad de "troyano", que puede activarse de manera remota y que incluso graba con el teléfono apagado.