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El Supremo endurece las penas por la trata de seres humanos

El tribunal establece que se impute un delito por cada víctima de la explotación

Una mujer víctima de trata de blancas.
Una mujer víctima de trata de blancas.

El Tribunal Supremo ha duplicado la pena de prisión a un matrimonio condenado por trata de seres humanos porque les ha aplicado una nueva doctrina que establece que no se puede poner una condena global por los delitos de trata, sino que hay que imponer tantas condenas como víctimas haya. En este caso, la Audiencia Provincial de Tenerife condenó a un matrimonio a cinco años de cárcel por un delito de trata sobre dos mujeres y el Supremo les duplica la pena al condenarle por dos delitos, uno por cada mujer explotada.

Es la primera vez que el alto tribunal aplica un acuerdo adoptado en mayo por el pleno de la Sala de lo Penal para unificar los criterios de los distintos tribunales en las sentencias sobre trata de seres humanos. “El delito de trata obliga a sancionar tantos delitos como víctimas”, señala la doctrina acordada por el Supremo.

Según este acuerdo, los jueces consideran que el bien protegido en estos delitos es la dignidad de la víctima, que “está caracterizada por ser una cualidad que adorna y protege a la persona individualmente”. Los jueces diferencian la trata de seres humanos de otros delitos como el de inmigración ilegal, donde sí se considera que se ha cometido un solo delito aunque afecte a varias personas, ya que el bien protegido no es un derecho fundamental como lo es la dignidad, sino el control estatal sobre los flujos migratorios.

La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, asume el argumento del fiscal, que había pedido que se impusiera una condena por cada una de las víctimas, en este caso, dos mujeres nigerianas que fueron captadas en Melilla y a las que los acusados engañaron con un falso contrato como peluqueras en Tenerife. Las víctimas fueron acompañadas desde Melilla a Madrid y desde allí, enviadas a Canarias. Una vez en Tenerife, las atribuyeron una deuda de 4.000 euros por el viaje y la documentación que les habían proporcionado y les obligaron a prostituirse para devolverla.