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El Constitucional ampara al PP, Ciudadanos y PSC contra la declaración secesionista

El pleno, por unanimidad, da parcialmente la razón a los partidos contra el acuerdo de la Mesa del Parlament de rechazar los escritos contra la admisión a trámite de la declaración independentista

Pleno del Parlamento catalán que aprobó, en noviembre de 2015, la declaración secesionista.
Pleno del Parlamento catalán que aprobó, en noviembre de 2015, la declaración secesionista.Massimiliano Minocri
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El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, dar parcialmente la razón al PP, Ciudadanos y PSC contra el acuerdo de la Mesa del Parlament de rechazar los escritos contra la admisión a trámite de la declaración independentista en noviembre de 2015.

El PP, Ciudadanos y PSC presentaron tres recursos de amparo diferenciados contra la convocatoria de la Junta de Portavoces del Parlamento catalán y la admisión a trámite de la moción independentista de Junts pel Sí y la CUP, que fue finalmente debatida y aprobada el 9 de noviembre de 2015 con los votos de estas dos últimas formaciones.

Una gran mayoría del TC está de acuerdo en amparar los derechos de los grupos parlamentarios recurrentes, pero lo hará por razones formales y sin entrar en el fondo del debate soberanista catalán.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos, pero rechazó por unanimidad la petición de que se suspendiera de manera cautelar y urgente la tramitación de la resolución independentista. El argumento central de los recursos apuntaba a que la Junta de Portavoces no puede darse como constituida mientras haya un grupo que no lo haya hecho, de modo que la tramitación de la moción y el consiguiente debate vulneraban los derechos de sus diputados.

Fuentes del alto tribunal han apuntado que la fundamentación de las sentencias de amparo no se vinculará tanto al contenido de la moción independentista en sí como a la propia tramitación formal de la misma.

En este sentido, han recordado otras sentencias similares como las emitidas por el TC contra la Mesa de Les Corts valencianas y en amparo de los derechos fundamentales del Grupo Compromís, quien pidió al tribunal de garantías su protección contra vulneraciones de los derechos fundamentales de sus diputados en la tramitación de varias iniciativas parlamentarias.

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