La doble consulta y sus raíces

La propuesta de Pedro Sánchez de un pacto entre los Gobiernos de España y de Cataluña que se sometería a referéndum en esa comunidad no es una ocurrencia sino una alternativa a la consulta sobre la independencia planteada por los nacionalistas. Algo que se venía reclamando al Gobierno: que no se limitase a rechazar una negociación al margen de la Constitución sino que planteara posibles salidas dentro de ella, en su caso tras su reforma.

Salida sugerida por políticos como el lehendakari Urkullu: “Hay que desterrar [la idea de] que la consulta es para la independencia. No. La consulta puede asociarse a una pregunta pactada, un acuerdo sobre una reforma del Estatuto y que se vote su ratificación”. Y defendida por intelectuales influyentes en Cataluña, como Juan José López Burniol: “Una consulta que no sería sobre independencia sí o no, sino acerca de si [los catalanes] aceptan o no un proyecto de encaje con el resto de España en los términos previamente pactados”. O por especialistas académicos como Javier Pérez Royo: el referéndum es eficaz “para ratificar acuerdos, pero no para arbitrar desacuerdos”. O en fin, por el propio líder del PSOE cuando sintetiza que “no se trata de votar para romper, sino de acordar para votar”.

Votar para romper es lo que pasaría si la consulta se sitúa al comienzo del proceso negociador, dividiendo a la población y condicionando cualquier iniciativa posterior. Acordar para votar solo puede significar que la votación no sea sobre la posición más extrema, sino sobre el acuerdo alcanzado en torno a fórmulas que recojan la pluralidad de la sociedad catalana. No sobre la independencia, sino sobre la respuesta a las causas invocadas por el nacionalismo para justificar su deslizamiento hacia el independentismo. Sustancialmente, la autonomía financiera.

Una objeción obvia es si una cuestión que afecta profundamente al sistema autonómico (y a los sentimientos de millones de españoles) podría ser resuelta solo por los catalanes. Pero también sería cuestionable que la última palabra sobre el futuro de Cataluña correspondiera a todos los españoles. Para salvar esa contradicción, el profesor Muñoz Machado plantea en su libro sobre Cataluña y las demás Españas (2014) una fórmula no muy diferente de la apuntada por Sánchez: reforma de la Constitución capaz de “dar cabida” a las modificaciones sobre el porvenir político de Cataluña pactadas. Por ejemplo, precisando qué consecuencias se derivan de la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones.

Muñoz Machado sintetiza los problemas que resolvería: que el pueblo de Cataluña vote en referéndum, como reclama su mayoría, y que lo haga sobre un texto concreto; que la decisión sea encajable en la Constitución tras su reforma; que el pueblo español también vote para aprobar la reforma constitucional; que el Estatut y la Constitución queden vinculados, de forma que cualquier reforma futura tenga que comprender ambos textos.

Todo bastante complicado, pero no más que el proceso de ruptura sin acuerdo.