El giro a la escuela pública de la Generalitat valenciana agita a la concertada y al PP
El Gobierno valenciano ha aprobado medidas para redistribuir los alumnos con necesidades especiales y prohibir las cuotas voluntarias
La escuela concertada prepara en la Comunidad Valenciana su sexta movilización en un mes contra “el acoso” de la Generalitat, que prevé cerrar aulas concertadas, redistribuir a los alumnos con necesidades especiales o regular las llamadas cuotas voluntarias. El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se suma a esta protesta inédita. “Están asfixiando a la concertada”, dice José María Alvira, presidente de Escuelas Católicas.
Esta organización encabeza las movilizaciones valencianas y alerta de que esta asfixia “amenaza con extenderse a otras comunidades”, en referencia a las regiones en las que Podemos comparte o apoya Gobiernos. El detonante ha sido el anuncio de que se cerrarán aulas concertadas. Andalucía clausuró 60 en 2014, en un gesto que pasó más desapercibido. Pero el respaldo explícito del PP nacional a esta movilización ha agitado el debate. Según la Generalitat, el anterior Gobierno clausuró 606 aulas públicas. Para el curso que viene, ellos clausuran 22 concertadas y abren otras 20 en primaria, es decir, el saldo final oficial es de dos menos. Pero, tras este recorte, hay un cambio de filosofía educativa en una región que, hasta hace un año, era el bastión del PP junto a Madrid.
La Generalitat publicó en abril un decreto de escolarización que suprime el distrito único y establece que la educación concertada “debe ser gratuita” frente a las llamadas cuotas voluntarias. En los últimos años han proliferado empresas de restauración o constructoras que han abierto centros concertados como negocio, en los que llegaban a cobrar hasta 500 euros mensuales y contra los que hasta el sector privado presentó un recurso administrativo en la Comunidad de Madrid. Escuelas Católicas se desmarca de estas prácticas. “Si hay centros así, hay que llevarlos a los juzgados, pero no es nuestro caso”, dice Alvira.
32 euros de cuota
Julia María Llopis, presidenta de Concapa en la Comunidad Valenciana, paga “gustosamente” los 32 euros mensuales que le piden en el centro de su hijo y se queja de la falta de financiación pública de este tipo de centros. “Si no existieran esas cuotas en algunos centros no se podría pagar el agua o la luz”, proclama.
La Generalitat regula en el decreto el reparto equitativo de los alumnos con necesidades especiales y revisará el curso que viene los conciertos en bachillerato, una etapa no obligatoria. “El único objetivo del consejero [Vicent] Marzà es hacer desaparecer la escuela concertada y no dejar a las familias elegir. Buscan una escuela única, pública, laica y en valenciano”, protesta Llopis, que “echa de menos” un pronunciamiento del PSOE en este debate.
“La movilización no tiene que ver ni con la educación ni con los conciertos, el PP pretende aparecer como defensor de la concertada”, afirma Miguel Soler (PSOE), secretario autonómico de Educación de la Generalitat, el equivalente a viceconsejero. “Los concertados que cumplan con la ley, jamás tendrán un problema con la Generalitat”, zanja.
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