Las familias del Yak-42 piden que Defensa reconozca su negligencia

“La verdad ya se sabe, ahora es el momento de que se asuman responsabilidades”. En vísperas de cumplirse este 26 de mayo el 13 aniversario del accidente del Yak-42, el peor de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz, los familiares de los 62 militares fallecidos cuando regresaban de cumplir su misión en Afganistán se mostraron esperanzados este miércoles en que por vez primera se reconozcan las múltiples negligencias que rodearon la contratación del avión.

Cegada la investigación judicial, después de que el Supremo diese por bueno el archivo decretado en su día por el juez de la Audiencia Nacional Frenando Grande-Marlaska, e indultados por el Gobierno del PP los dos forenses condenados por la errática identificación de 30 cadáveres —el tercero, el general Vicente Navarro, murió sin cumplir condena—, la esperanza de las familias está ahora en el Consejo de Estado.

El más alto órgano consultivo del Estado debe emitir un informe en la demanda por reclamación patrimonial presentada por las familias ante el Ministerio de Defensa, que se ha reactivado tras agotarse la vía penal. Aunque dicho informe es preceptivo pero no vinculante, la asociación que agrupa a los parientes de las víctimas confía en que sirva de aldabonazo para dirimir unas responsabilidades que nunca se han depurado. Y ello porque el instructor del Consejo de Estado ha formulado a Defensa las mismas preguntas que las familias hicieron desde el primer momento sin hallar respuesta, según su letrado Leopoldo Gay.

A saber: quién se quedó con la diferencia entre los 149.000 euros que pagó Defensa por el flete del Yak-42 y los 38.000 que cobró finalmente la compañía ucraniana UMAirlines, operadora del avión; por qué no se hizo caso a las 14 quejas formuladas por los militares o al informe del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra) que advertía que “se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en la antigua URSS, [ya que] su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”; o qué gestiones se hicieron para recuperar los 75.000 euros por familia que el Consejo de Ministros autorizó pagar con cargo a las arcas públicas porque no se había suscrito el seguro obligatorio para los viajeros.

Para Miguel Sencianes, presidente de la asociación, el Yak-42 fue “un caso claro de corrupción”, ya que hubo quien se enriqueció a costa de la seguridad de los militares y, lejos de investigar a los responsables, se les premió, ascendió y condecoró, mientras se despreciaba a las familias de los fallecidos. “Son ya 13 años desde que Federico Trillo dijo que el Yak era un buen avión y que se había identificado correctamente a las víctimas”, ha agregado Sencianes, tras recordar que el entonces ministro de Defensa es hoy embajador de España en Londres.

Para las familias, la actitud de Defensa no ha mejorado mucho desde entonces: a la primera demanda del Consejo de Estado contestó que no tenía la información que se le reclamaba; y, ante su insistencia, le remitió documentación parcial sobre las cinco subcontrataciones, en la que faltan los contratos y están tachados algunos importes. “¿Quién puede aceptar sin más que un ministerio pierda contratos internacionales por cientos de miles de euros?”, se cuestionó Sencianes. “Lo que deberían hacer sin tienen vergüenza es dar la cara y pedir perdón”, apostilló el vicepresidente de la asociación, Francisco Cardona.