Eliminar las Diputaciones provinciales ahorraría 600 millones de euros de inmediato

La eliminación de las Diputaciones provinciales supondría un ahorro inmediato de casi 600 millones de euros; multiplicaría esa cantidad a medio plazo al suprimir duplicidades, entidades instrumentales, y redes clientelares; y debería preservar los servicios que prestan estos organismos a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Esas son las principales conclusiones del estudio Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario, coordinado por la fundación ¿Hay Derecho?, que será presentado en la tarde de este martes en Fundación Diario Madrid, y que adelanta EL PAÍS.

El futuro de las Diputaciones es decisivo en la disputa del voto rural para las elecciones generales del 26-J y volverá a marcar las negociaciones para la formación de gobierno tras la cita con las urnas. El debate sobre estas instituciones ya ocupó un lugar central en la campaña electoral del 20-D. Solo el PP defendió entonces su continuidad, acusando al resto de formaciones de querer cerrar los pueblos o dejarlos huérfanos de los servicios que ofrecen estos organismos. Por su parte, el PSOE y Ciudadanos acordaron su supresión y sustitución por Consejos de alcaldes en el pacto poselectoral que firmaron Pedro Sánchez y Albert Rivera. Para la formación emergente, a la que todos los sondeos otorgan un papel clave tras el 26-J, esta es una medida capital. Su programa económico y de regeneración institucional gira alrededor de la supresión de estos organismos, que volverá a incluir en sus pactos poselectorales.

Las 38 diputaciones provinciales analizadas por el estudio sumaron un presupuesto de 6.358 millones de euros en 2015. La partida más grande de ese dinero (más de 2.000 millones, el 37%) se destinó a financiar la propia estructura de la institución, y los sueldos de sus diputados y funcionarios, según el estudio. La partida de protección y promoción social se quedó en menos de la mitad (16,5%); la de producción de bienes públicos en el 12,8%; y la de servicios públicos básicos solo representó el 10%. El gasto destinado al propio funcionamiento llegó como máximo al 50% del presupuesto en la Diputación de Badajoz y como mínimo al 10% de la de Sevilla. Eliminarlas, manteniendo los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, supondría un ahorro inmediato de casi 600 millones de euros, según este estudio, porque se eliminarían el coste en los órganos de gobierno de las diputaciones y también las transferencias de fondos que realizan a otras administraciones sin una finalidad concreta.

“Las conclusiones del estudio apuntan a un muy disperso y desigual funcionamiento de estas entidades, a la irracionalidad de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y, en definitiva, a la conveniencia de abordar al menos una reforma en profundidad de estas instituciones”, escriben Jaime Castellano y Rafael Rivera, los autores del informe. “La posible supresión de las diputaciones no debería conllevar en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Otra cosa sería si se plantease también una fusión de municipios”, añaden. “Si no se suprimen, se impone su despolitización y su profesionalización para evitar los continuos escándalos de nepotismo, despilfarro o corrupción”.

Que el PSOE y Ciudadanos apostaran tras el 20-D por suprimir estas entidades provocó fuertes tensiones internas en ambos partidos. Sánchez llegó a omitir la eliminación pactada con la formación emergente en su primer discurso de investidura, pese a que se recogían varias menciones a la medida en la versión repartida a la prensa. Y el PP tuvo el apoyo de los representantes socialistas de distintas instituciones cuando impulsó mociones en defensa de las Diputaciones.

El partido de Mariano Rajoy, según el CIS, tiene una base electoral que se caracteriza por la edad (domina entre los mayores de 55 años) y que progresivamente tiende a concentrarse fuera de los grandes núcleos urbanos. Es en esas poblaciones donde tiene más eco el discurso popular de que hay que mantener estos organismos. En consecuencia, es previsible que la campaña del 26-J también repita este elemento de la del 20-D: el cierre de los pueblos (PP) contra el ahorro de eliminar las duplicidades administrativas (PSOE, Podemos y Ciudadanos).