En busca de un plan para que nadie muera en la carretera
El sector debate propuestas para reactivar la lucha contra la siniestralidad: como que los mayores de 16 años conduzcan acompañados o que se cree una asignatura obligatoria de seguridad vial
Que los mayores de 16 años puedan conducir acompañados de un adulto. O que se introduzca en el currículo escolar una asignatura obligatoria sobre seguridad vial. O que se cree una Secretaría de Estado de Movilidad… El sector automovilístico español vive inmerso actualmente en uno de sus debates más importantes de la última década: cómo reactivar la lucha contra la siniestralidad, estancada desde 2013, cuando se frenó el descenso del número de muertos en accidente de tráfico. Desde hace meses, los analistas tratan de dar con la medida que permita, como pasó con la implantación del carné por puntos hace ya diez años, dar un nuevo salto cualitativo hacia el objetivo ideal: que nadie pierda la vida en la carretera.
Pero esta discusión, presente de manera reiterada en los foros de expertos, apenas se cuela en la primera línea política. Los principales partidos obviaron el tema en la pasada campaña electoral y en sus programas abordaron el problema de manera secundaria. Ahora, con la carrera lanzada hacia el 26-J, se abre una nueva oportunidad para enmendar este reciente pasado. Estas son algunas de las propuestas del sector:
Conducción acompañada. "El problema es que aquí se da primero el carné y después, una vez aprobado el examen, es cuando se aprende realmente a circular", explica Mario Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos, uno de los defensores de introducir en España la conducción acompañada. Este sistema permite a los mayores de 16 años obtener un permiso para ponerse al volante junto a un adulto. Una iniciativa que ya se ha implantado en algunos países, como Francia, y que la anterior dirección de la DGT introdujo en su plan estratégico de Seguridad Vial 2011-2020.
El sector baraja varias condiciones para permitir a un adulto ejercer de copiloto de menores: más de cinco años de carné, tener el consentimiento de la compañía aseguradora o no tener antecedentes por delitos relacionados con el tráfico. "Porque, evidentemente, una de las preguntas que surge es quién será el acompañante", añade Fernando Jesús Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que apuesta, a través de su fundación, por poner en marcha esta medida —de hecho, ha elaborado un informe que defiende su implantación como culmen de un proceso formativo de los niños que empiece en las escuelas—. "Nosotros tenemos nuestras dudas sobre este sistema porque no existe una educación de base. Si acaso, podemos verlo como un futurible, pero no creo que sea la realidad actual", apunta Anna Novella, presidenta de la asociación de víctimas de tráfico Stop Accidentes.
Secretaría de Estado de Movilidad. Las competencias sobre seguridad vial en España están tan compartidas que, dentro del sector, se ha recurrido al concepto de "reino de taifas" para explicar la situación. Hasta siete ministerios —Interior, Fomento, Educación, Justicia, Sanidad, Industria y Medio Ambiente— intervienen en este tipo de políticas. Y, además, la titularidad de las carreteras se reparte entre el Gobierno central, las autonomías, los ayuntamientos, cabildos y diputaciones. Todo un entramado que complica la coordinación. En ese contexto, Ramón Ledesma, subdirector de Normativa de la DGT durante la etapa de Pere Navarro, propone la creación de una Secretaría de Estado de Movilidad.
El carne por puntos, agotado
En 2003, cuando el PSOE introdujo la iniciativa del carné por puntos en el programa que preparaba para las elecciones, más de 5.000 personas morían al año en accidentes de tráfico. En 2014, último ejercicio del que existen cifras consolidadas, se registraron 1.688 fallecidos. Según subraya el sector, ese salto cualitativo se debe, en buena parte, a la introducción de este sistema durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero; cuando el Congreso lo aprobó por 310 votos a favor y solo 7 en contra —del PNV, que alegó motivos competenciales—. Pero las asociaciones de víctimas coinciden en que su efectividad ya se ha agotado y que, para poder seguir con la reducción de muertos, deben pensarse nuevas estrategias.
"Una Secretaría de Estado supone sentar a un responsable los miércoles ante el vicepresidente del Gobierno con el resto de secretarios de todos los Ministerios. Es el denominado pre Consejo de Ministros, donde puede decidirse una política de Estado. Solo si la Movilidad tiene allí un apellido y una silla será una política", defiende Ledesma, actual asesor de la consultoría PONS Seguridad Vial.
Interrelación de la DGT y la Dirección de Carreteras. Con un objetivo similar al planteado por el exsubdirector de Normativa, la expresidenta de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, Irene Rivera (Ciudadanos), ha propuesto la “interrelación” de la DGT y la Dirección de Carreteras. La primera, que se encarga de la seguridad vial, depende de Interior. Y la segunda, que gestiona el mantenimiento de las vías, de Fomento.
Asignatura obligatoria en el colegio. En mayo del pasado año, el Congreso aprobó una proposición no de Ley que instaba al Gobierno a implantar en el currículo escolar una materia sobre seguridad vial con "carácter evaluable y obligatorio", tanto en la educación primaria como en secundaria. Según un sondeo de la Fundación Mapfre, un 58% de los profesores y un 63,1% de los progenitores apoya que se incorpore esta asignatura a la escuela: "Servirá para inculcar a los niños que la responsabilidad en la carretera salva vidas. Esta enseñanza es un factor clave para combatir las cifras de accidentalidad".
Reducir la velocidad en las carreteras secundarias. Era el proyecto estrella de María Seguí, actual directora general de la DGT, pero finalmente se quedó en un cajón del Consejo de Ministros. Tráfico ha elaborado un nuevo reglamento de circulación que prevé reducir la velocidad a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias —donde se registran más del 80% de las víctimas mortales—, pero el Ejecutivo paralizó su aprobación meses antes de las elecciones del pasado 20D. "Diversas circunstancias, en las que no voy a entrar, nos han impedido aprobarla", aseguró el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que se mostró dispuesto a avanzar en esa dirección si el PP volvía a formar Gobierno. Aunque, eso sí, en su programa para los comicios no lo incluyó.
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