El Tribunal de Cuentas condena a Alfonso Alonso y Javier Maroto a pagar 393.000 euros

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, y el vicesecretario nacional de Sectorial de este partido, Javier Maroto, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas de España a pagar 393.000 euros por contratar el alquiler de unas oficinas en Vitoria a un precio muy superior al del mercado. Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.

Los dirigentes del PP han anunciado en una nota que van a recurrir. Recuerdan además que no se trata de un caso de corrupción y critican a la ponente de la sentencia a la que cuestionan porque fue designada "directamente por el PSOE a propuesta de IU". "El Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza", explican.

Los hechos son los siguientes. El local había sido adquirido por Gonzalo Antón (un conocido empresario que presidió el Club Deportivo Alavés y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) apenas un año antes por 2,7 millones y el contrato le iba a reportar 7,6. Las condiciones de ese contrato generaron tal escándalo en la ciudad que la oposición —el PP gobernaba en minoría— constituyó una comisión de investigación, cuyas conclusiones se hicieron públicas en abril de 2014. Una de ellas proponía la remisión del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas públicas.

El empresario compró la lonja en enero de 2006 y, a finales de ese mismo año, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Antón firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 años. Curiosamente la petición inicial de la propiedad era de 10 años. Los más de siete millones se dividían en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que costeó el presupuesto público.

En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, además, con una cláusula de blindaje. Si se rompía el contrato, el Ayuntamiento debía pagar los 20 años íntegros. Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electrónicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Antón escribió alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que había recibido de Hacienda —el concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto— no reflejaba la cantidad mensual negociada. Sin embargo, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC. ¿Por qué? Porque el informe de los técnicos municipales aconsejaba un alquiler de 10.000 euros y el empresario proponía 18.500. Para equipararse lo antes posible, las subidas anuales eran del IPC más un 9%.

Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando saltó el escándalo al hacerse público el contrato en 2014. Maroto y Antón revocaron el blindaje y rebajaron el precio. El PP siempre ha manejado la tesis de que el asunto está prescrito.  El Tribunal de Cuentas no lo cree así. En febrero de 2015 impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno municipal —también investigados en esta causa— por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas con este contrato. Y esta mañana les ha condenado definitivamente.