La Fiscalía denuncia a Pujalte por falsedad y cohecho

La Fiscalía ha presentado denuncia en un juzgado contra el exdiputado y exdirigente del PP Vicente Martínez Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho, presuntamente cometidos mientras era parlamentario, según fuentes judiciales. La denuncia de la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, tiene el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, según fuentes judiciales.

Se le acusa de simular pagos de diferentes empresas por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

El juzgado de Valladolid al que le ha correspondido la querella se ha inhibido en favor de uno de Madrid, pero ese traslado de las diligencias ha sido recurrido por la Fiscalía. Como publicó EL PAÍS, Pujalte recibió pagos regulares de la constructora Collosa, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba un escaño en el Congreso. En las elecciones generales del pasado mes de diciembre, ya no concurrió en las listas del PP, tras haberse publicado la información sobre esos pagos.

La denuncia se dirige también contra la exsenadora Ana Torme, Alejandro Llorente Muñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Pujalte, a través de la empresa Sirga XXI Consultores.

Pujalte y Torme eran dueños al 50% de la empresa, creada mientras eran diputados, hasta que en 2011 la parlamentaria le vendió su participación. A esa sociedad se hicieron los pagos de la constructora.

La denuncia detalla los ingresos del despacho entre 2008 y 2014, procedentes de la constructora y de otras empresas de diferentes sectores.

La teórica razón de esos pagos era asesoramiento, pero la Fiscalía asegura que "no se aportan los informes que hubieran podido realizar" y que "el asesoramiento era verbal". A la vez, la empresa Collosa recibió en esos años, entre 2006 y 2013 ingresos por contratos con la Junta de Castilla y León un total de 134.4 millones de euros y como parte de uniones con otras empresas un total de 438,5 millones de esa administración autonómica.

Otra empresa, Marcenado Economistas, paga a la empresa de Pujalte incluso antes de que esta se haya constituido legalmente. Esta empresa es de Ricardo Romero de Tejada, vinculado al PP por haber sido secretario general del partido en Madrid, cargo del que dimitió tras el "caso Tamayo y Saéz".

También le paga Scardovi y Karistia, las empresas de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional por cobro de comisiones en diferentes países mientras eran diputados.

Le pagan también Atento Inversiones, la Confederación Empresarial de Madrid, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura, Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, entre otros. La primera aporta una fotocopia de un libro y la segunda "estudios incompletos".

De la Cámara de Comercio cobró mientras era ponente de la Ley de Cámaras en el Congreso, como portavoz de Economía del PP, según se recuerda en el escrito. Sobre la Confederación Regional Empresarial de Extremadura se dice: "Asesoramiento permanente al presidente con múltiples reuniones en Madrid y con elaboración periódica de informes". Esa asociación recibió en esos años subvenciones de administraciones públicas de Extremadura.

"No se aporta el contrato que pudiera sustentar la prestación de servicios", concluye el escrito de la Fiscalía para todos esos casos.

Habla del "carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha recibido" la empresa de Pujalte.

"En el caso de Corporación Llorente Muñoz el contrato es previo a la existencia de la sociedad Sirga XXI, no existe ni un solo informe ni dictamen, es una sociedad con un importante volumen de negocio que tiene numerosos asesores y especialistas, muchos de ellos coincidentes con la clase de asesoramiento que dice recibir de Martínez-Pujalte", añade.

A una de las empresas le cobró por un informe sobre "la influencia de las compañías low cost sobre el turismo en la comunidad valenciana" y según la Fiscalía "es el mismo que el aportado como realizado para Marcenado Economistas cambiando la comunidad autónoma a la que se refiere".

Concluye que puede ser un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y 392 del Código Penal y de cohecho continuado de los artículos 426, 422 y 424.

Asegura que podría tratarse de "documentos simulados creados ad hoc para encubrir unos pagos por servicios inexistentes".

La investigación sobre Pujalte surgió hace un año, mientras Hacienda indagaba en la concesión de parques eólicos en Castilla y León y el pago de comisiones. También recibió pagos siendo diputado del PP el ahora embajador en Londres, Federico Trillo, pero en este caso, la Fiscalía no ha hallado indicios de delito.