Reconocer la victoria de la democracia

Escuchar nada menos que al presidente de la antigua Batasuna, y brazo político de ETA, hoy Sortu, reconocer que a las víctimas del terrorismo se les debe memoria y reparación y que su deseo es que este reconocimiento sirva para aliviar el sufrimiento de la pérdida de sus seres queridos no deja de impresionar a millones de personas que sufrieron los años de plomo del terrorismo de ETA. Más aún, después de que reiterara su rechazo a la violencia y admitiera su pasada complicidad política con el terrorismo de ETA, aunque el marco fuera el de un tribunal y uno de sus objetivos fuera eludir la prisión.

Es verdad, también, que esta declaración de Hasier Arraiz, ayer, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es continuista de la que en enero hicieron ante la Audiencia Nacional, por vez primera, 35 miembros de la cúpula de la antigua Batasuna que eludieron la prisión a cambio de reconocer el daño causado a las víctimas de ETA, comprometerse a su reparación y admitir su contribución política en el pasado a la estrategia de la banda.

Pero, pese a su continuidad, la declaración de Arraiz tiene la fuerza simbólica que le otorga que quien es el jefe de lo que fue brazo político de ETA reconozca la victoria del Estado de derecho sobre el terrorismo. Y este reconocimiento realizado con el acompañamiento de la cúpula de Sortu tiene una relevancia política y una ejemplaridad que impresiona a muchos de quienes vivimos aquellos tiempos desesperantes en los que el brazo político de ETA justificaba las acciones terroristas de la banda. Por eso acudió a solidarizarse con Arraiz el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar.

Sería deseable que ese reconocimiento de que los asesinatos de ETA fueron injustificados, de que las víctimas del terrorismo sufrieron un daño injusto, lo realizara la cúpula de Sortu fuera del marco judicial para darle mayor credibilidad y que sus portavoces evitaran sus frecuentes titubeos sobre una cuestión que, indudablemente, es ética antes que táctica. Como también sería deseable que los presos de ETA hagan caso a Hasier Arraiz cuando ayer les pidió que sigan la pauta que les marca y se acojan a la legalidad penitenciaria. Una invitación difícil de cumplirse por la presión sobre el colectivo de un sector de presos que tienen por delante largas condenas de prisión.

Pero también hay que anotar la intransigencia de la Administración penitenciaria del Gobierno del PP que impide la interpretación flexible de la legalidad con presos reinsertables, algunos tan probados como los de la vía Nanclares, rechazando acercamientos de presos y beneficios penitenciarios.

El contraste lo marca la actitud de la justicia que está dando ejemplo al tener en cuenta la reinserción de los reos en cumplimiento de la ley. El último ejemplo es el del fiscal jefe del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro, que ha reducido la pena a Hasier Arraiz de seis a dos años, tras su declaración de reinserción.