Detenido un funcionario por cobros ilegales para la expedición del DNI

El funcionario responsable de la oficina de DNI de la comisaría de Jerez ha sido detenido y puesto en libertad con cargos al descubrirse un presunto fraude al cobrar por trámites que no tienen coste para el ciudadano. Según han explicado fuentes de la comisaría provincial de Cádiz, el investigado solicitaba a los usuarios el abono de tasas para el cambio de datos (domicilio o filiación), el deterioro de chip o expedición para familias numerosas, gestiones que están exentas de pago.

La investigación comenzó hace dos meses cuando un familiar de un policía acudió a dicha oficina a solicitar un cambio de domicilio en su documento de identidad. Posteriormente, descubrió que el funcionario le había cobrado por un trámite que no tiene coste, por lo que lo puso en conocimiento de su familiar. Fue así como la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de Cádiz (UDEV) inició sus pesquisas sobre las prácticas de este jefe del cuerpo general de la administración.

Según explican desde la comisaría provincial, el investigado desarrollaba como práctica habitual el cobro por servicios que son gratuitos o por agilizar los tiempos de espera para la renovación del DNI o el pasaporte. Lo hacía mediante una doble contabilidad creada al embolsar importes ajenos a los oficiales: 10,60 euros para el documento oficial de identidad (por caducidad, extravío, sustracción, anticipo o deterioro) y 26,02 euros para el pasaporte.

Ahora, la UDEV investiga cuánto tiempo ha estado desarrollando este fraude y si lo hacía el funcionario solo o bajo una red en la que pudieran estar implicadas más personas o, incluso, compañeros de oficina. Según explican fuentes de la Subdelegación del Gobierno (de quien depende el trabajador), el jefe ha sido apartado de sus funciones y se le ha abierto un expediente, aunque sigue acudiendo a su lugar de trabajo. Mientras, el magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Jerez ha decretado secreto de sumario y ha puesto en libertad con cargos al trabajador, al que se le imputa un delito de exacciones ilegales.