Un empresario denuncia una red de supuestos cobros ilegales en Valencia

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), organismo dependiente del Gobierno valenciano, investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de cursos de formación para parados a varias empresas especializadas en esta clase de docencia. La investigación llega después de que un ex socio de una de las empresas denunciase que entre 1998 y 2002 uno de los funcionarios de la Consejería de Economía recaudó, en nombre del Partido Popular, el 15% del importe de los cursos de formación para parados adjudicados por la Generalitat. El empresario calcula que el sistema de comisiones pudo llegar a alcanzar los tres millones de euros.

La Consejería de Economía de la Generalitat valenciana, de la que depende el Servef, no ha respondido a los requerimientos de este periódico.

El denunciante dice que las cantidades se reclamaban en nombre del PP

Sin embargo, una comunicación de la secretaria general del Servef, Pilar Mañez, da cuenta de que a primeros de año se iniciaron "actuaciones previas en aras a esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles medidas legales a adoptar con arreglo al vigente ordenamiento jurídico".

La denuncia, presentada por un ex socio de una de las empresas que supuestamente pagaron la mordida del 15%, atañe al periodo entre 1998 y 2002, aunque se ha presentado ahora.

Las comisiones supuestamente se pagaban en talones al portador en cantidades que nunca superaban los 3.000 euros (500.000 pesetas de entonces) para evitar que la Agencia Tributaria pudiese rastrearlas.

Las empresas adjudicatarias de los cursos de formación que aceptaron pagar las comisiones llegaron a superar la decena, según la denuncia. Entre ellas figuran las sociedades Eurotutor, Medicontrol e Interlumen.

De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante, el funcionario ya jubilado, Fernando Machí, era el encargado de entregar la lista con las empresas seleccionadas para impartir los cursos a los parados. Esta lista, supuestamente, incluía a las empresas que se habían comprometido a pagar la comisión del 15% a cambio de la concesión.

El funcionario aludido, Fernando Machí, negó ayer que hubiese sido requerido por el Servef para aclarar las adjudicaciones. "Siempre ha habido rumores, era habitual que eso ocurriera, pero yo sólo era uno más del comité que adjudicaba los cursos", sentenció.

Machí reconoció que, en la etapa referida, se denunciaron irregularidades en la adjudicación de cursos de formación para parados, pero que ningún juzgado le llamó a declarar. "Está todo como se hizo siempre, a nosotros nos llamaban el 'clan del Inem' y en aquella época se denunció a una serie de empresas porque tenían muchos cursos", explicó el funcionario retirado.

Machí recordó, además, que el superior del que dependía, el entonces director territorial de Formación de la Generalitat en Valencia, Joaquín Vañó, es hoy director gereral de Formación y Cualificación Profesional de la Generalitat.

La denuncia, sin embargo, da detalles precisos sobre el modo de funcionamiento y adjunta varias notas manuscritas. En una de ellas se reclama a las empresas Eurotutor, Medicontrol e Interlumen las comisiones de los cursos para parados que les habían sido adjudicados entre diciembre de 1998 y febrero de 1999. Otro de los documentos adjuntos a la denuncia es un escrito en el que aparecen los números, hechos por el denunciante y por el denunciado, sobre las cantidades entregadas y las pendientes. Según la denuncia, en cuatro años se pudieron llegar a cobrar hasta tres millones de euros.