El Ayuntamiento de Logroño investiga a Ciudadanos por contratar ilegalmente a una edil

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes en Madrid que el Ayuntamiento ha abierto expediente informativo al grupo municipal de Ciudadanos para aclarar la presunta contratación irregular de una de sus concejales, María Luisa Alonso. La edil tuvo un contrato laboral con cargo al grupo municipal de Ciudadanos hasta octubre de 2015, lo que contraviene la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. El partido dice haber solucionado la situación con Hacienda y la Seguridad Social, devolviendo casi 3.000 euros, y atribuye el caso a "un error administrativo". Esa fue la misma explicación que dio la dirección nacional la semana pasada, cuando se conoció que Ciudadanos Murcia había cargado casi 20.000 euros de gastos electorales a la Asamblea regional.

La dirección de la formación emergente ha abierto una investigación interna sobre este caso con dos objetivos: presentar todos los datos ante el Tribunal de Cuentas y decidir si expulsa a Luis Fernández, diputado autonómico que presuntamente autorizó el pago, y a Mario Gómez, portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, que ya ha sido destituido como delegado territorial por presuntamente pedir que se duplicaran las facturas. Fuentes de la secretaría de Organización de Ciudadanos no descartan abrir más expedientes como fruto de esas pesquisas. El partido afronta en esta Comunidad Autónoma su primera gran crisis por la gestión de fondos públicos, aunque no la única.

La estructura financiera de la formación emergente, y sus protocolos de actuación, han generado confusión entre sus representantes locales. José Manuel Villegas, vicesecretario general; y Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas, figuran como apoderados de todas las cuentas de las agrupaciones municipales y autonómicas de Ciudadanos, para vigilar, según su versión, el buen uso de sus fondos. Los titulares de estas cuentas, siempre según la dirección nacional, son en todos los casos los representantes de los grupos de los Ayuntamientos y los Parlamentos, como marca la ley. Sin embargo, que la dirección inste a todos sus representantes a ahorrar para imprevistos un 30% de lo recibido como asignación pública mensual ha provocado dudas sobre el destino final de esas cantidades entre algunos representantes locales.

"El Ayuntamiento de Lorca ingresa el dinero destinado al grupo de Ciudadanos en una cuenta del Banco Popular de Madrid", explicó en La Verdad, Antonio Meca, portavoz en esta localidad murciana. "Ingresamos mensualmente en esa cuenta 961,35 euros. Y el partido nos ingresa en otra cuenta del mismo banco 672 euros. Con esa cantidad pagamos las facturas de las necesidades que tiene el grupo (...)". ¿Se ha usado ese dinero para gastos electorales? "Nunca. Los gastos de campaña los pagamos como podemos, pero nunca se han pagado con ese dinero".

La financiación del partido está bajo lupa. Así, una denuncia por presunta financiación ilegal de la Plataforma por las garantías ciudadanas obligará a Ciudadanos a rectificar la carta ética que compromete a todos sus candidatos a “dedicar los ingresos [... de] los grupos parlamentarios o municipales al pago de los créditos” de las campañas electorales. La fiscalía anticorrupción especificó el lunes que no ha tomado "ninguna decisión" sobre la denuncia. Aunque el partido sostiene que en "ningún caso" ha desviado fondos de sus grupos para gastos electorales ni derivados de su actividad nacional, fuentes de su dirección admiten que se puede interpretar que se pide a sus representantes que usen esos fondos para pagar los créditos del partido. En consecuencia, abogan por cambiar la redacción de la carta ética e incluir la coletilla “salvo en aquellos casos en los que la ley no lo permita”.

En los tres últimos meses, la formación se ha enfrentado a las consecuencias de su rápida expansión nacional, en la que sumó a centenares de nuevos candidatos. Nazareth Quijano, concejal en Logroño (La Rioja), se dio de baja al descubrirse que había desviado 18.000 euros de los fondos de la agrupación a su cuenta. Eva Borox, diputada autonómica en Madrid, dimitió tras conocerse su amistad con David Marjaliza, muñidor de la trama Púnica. Y un diputado autonómico por Aragón (José Luis Juste) y el coordinador de La Rioja (Federico Pérez Oteiza) han dejado sus cargos al saberse que tenían empresas en Panamá (los dos defienden la legalidad de sus negocios).