Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Dimite el alcalde socialista de Arrecife tras su procesamiento por corrupción

El instructor cree que existen indicios suficientes para juzgarle por malversación, fraude y prevaricación

El alcalde socialista de Arrecife (Lanzarote), José Montelongo, ha renunciado este lunes a su cargo y a su condición de concejal tras su inculpación en el caso Montecarlo, según han confirmado fuentes del Consistorio. Sin embargo, el ya exregidor seguirá ejerciendo como secretario general del comité local del PSOE, al menos, hasta que se decrete la apertura de juicio en los dos procedimientos en los que se le imputan delitos de malversación, fraude y prevaricación.

Hasta que celebre el pleno que elegirá a un nuevo alcalde —según el estado actual de las negociaciones, la número dos del PSOE en la ciudad, Eva de Anta—, el Ayuntamiento estará presidido transitoriamente por Rafael Juan González, edil de Coalición Canaria (CC). La secretaria general de los socialistas en Lanzarote, María Dolores Corujo, ya había anunciado este sábado que Montelongo dimitiría este lunes "con el ánimo de perjudicar lo menos posible a su partido".

No obstante, Corujo aclaró que en su partido "están convencidos de la honradez" de Montelongo, al que se inculpa en hechos ocurridos entre 2009 y 2011, cuando era concejal de Hacienda. La dimisión del alcalde había sido reclamada en los últimos días por todos los grupos municipales, excepto por CC, su socio de gobierno, que prefirió darle "tiempo prudencial" para asumir la situación y tomar una decisión.

El pasado miércoles, el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife impuso a José Montelongo una fianza de 1,9 millones de euros al observar indicios suficientes para juzgarle por seis delitos en dos procedimientos diferentes: dos de prevaricación, dos de fraude a la administración y dos de malversación.

En los dos procedimientos, se investiga a un grupo de concejales y funcionarios del Ayuntamiento que, supuestamente, participaron en la adjudicación ilegal de servicios a empresas que gozaban de un trato de favor entre los años 2009 y 2011.