Anticorrupción recurre la salida de prisión de Carlos Fabra
El expresidente de la Diputación de Castellón sale a la calle tras obtener la semilibertad
El recurso que presentó este viernes la Fiscalía Anticorrupción contra el tercer grado penitenciario que el lunes se le concedió a Carlos Fabra no impidió que el expresidente de la Diputación de Castellón empiece a disfrutar del régimen de semilibertad este fin de semana. Fabra salió de la cárcel de Aranjuez a las 17.15 junto a otro interno, que le acompañó hasta un coche que le esperaba a las puertas de la prisión. Abandonó el recinto sin hacer declaraciones.
El auto que dictó el lunes la juez de Vigilancia Penitenciaria 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, decretaba que el tercer grado debía tener efecto inmediato, por lo que Fabra seguirá gozando de este régimen a la espera de que se resuelva el recurso de la fiscalía. Según fuentes consultadas, el expresidente del PP de Castellón pasará el fin de semana en su casa. Probablemente, tendrá que volver a dormir a prisión de lunes a jueves hasta que se resuelva el recurso del fiscal y disfrutará de libertad total los fines de semana.
La fiscalía ha pedido que se revoque la medida que la juez decretó el lunes en contra del criterio del fiscal, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez, donde está ingresado Fabra desde diciembre de 2014 para cumplir una condena de cuatro años por fraude fiscal.
La fiscalía ha presentado un recurso de apelación directa contra la rebaja de grado penitenciario, por lo que ahora será la Audiencia Provincial de Madrid, y no el juzgado de Vigilancia, la que deberá decidir si mantiene o no la semilibertad de Fabra. En el auto en el que le otorgó el nuevo régimen, la juez argumentó su decisión en que Fabra ha abonado la responsabilidad civil que se le impuso, que su condena es corta, que tiene más de 70 años y que, en su opinión, hay poco riesgo de reincidencia.
La juez Torrecilla fue suspendida durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2003. La sanción se debió a las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno para que concediera el tercer grado al exbanquero Mario Conde, que cumplía condena por el caso Banesto. La fiscalía había pedido su expulsión de la carrera, pero el Consejo optó por apartarle seis meses. La juez llegó a perder su destino como juez de Vigilancia Penitenciaria en Madrid, pero lo recuperó concursando de nuevo a la plaza tras cumplir el castigo.
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