Barberá y Camps, protagonistas de la semana en el ‘caso Nóos’

El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de fondos públicos a las sociedades de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, cuenta con más de 300 testigos, la mayor parte desconocidos para el gran público. Esta semana, la Audiencia Provincial de Baleares recibe a tres testigos muy acostumbrados a los focos: la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barbera; el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exvicesecretario de Estudios y Programas del PP Esteban González Pons, ahora europarlamentario.

Los dos primeros tendrán que dar su versión sobre los contratos para la celebración de las tres ediciones del Valencia Summit, entre 2004 y 2006, y por las que el Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su socio Diego Torres, percibió 3,1 millones de fondos públicos, de los que al menos 2,1 se supone que fueron malversados, ya que se justificaron con facturas supuestamente falsas. González Pons será interrogado acerca de las reuniones con Urdangarin en el año 2005 para el proyecto de Juegos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse y por los que el Instituto Nóos percibió 382.000 euros. Pons era entonces consejero de Relaciones Institucionales de la Comunidad Valenciana.

La citación de Rita Barberá llega en un momento político complicado para la exregidora valenciana, a la que solo el aforamiento que le da el escaño de senadora le ha evitado ser imputada en la operación Taula, sobre el supuesto blanqueo de donativos ilegales para el PP local valenciano. En lo que respecta al caso Nóos, Barberá será interrogada por los contactos previos para la organización del Valencia Summit, un encuentro internacional sobre la gestión de grandes eventos deportivos.

Urdangarin mantuvo un encuentro el 29 de enero de 2004 en el Palacio de la Zarzuela en el que explicó su proyecto tanto a Barberá como al entonces presidente valenciano, Francisco Camps. Posteriormente el yerno del rey Juan Carlos I y Diego Torres se reunieron con ambos políticos en el Ayuntamiento valenciano y en la sede de la Presidencia de la Generalitat. Semanas después de estas citas, los jefes políticos ordenaron a sus subordinados contratar con Urdangarin, y lo hicieron, según el fiscal Pedro Horrach, “en atención básicamente a que don Iñaki era el yerno de Su Majestad”.

Los congresos fueron adjudicados al Instituto Nóos saltándose las normas de contratos de la Administración, sin cotejar los precios de mercado de los eventos y sin informe jurídico. La fórmula elegida fue el convenio de colaboración, que evitaba cumplir los requisitos de publicidad y concurrencia. Para evitar la fiscalización del contrato se eligió, por parte del Ayuntamiento, a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y por parte de la Generalitat, a la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias S. A.

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que Nóos ya comenzó a trabajar en la organización del Valencia Summit “mucho antes” de que el convenio fuese suscrito. Esto supone, según la acusación pública, que la concertación de la Administración pública con la entidad de Iñaki Urdangarin "ya estaba verbal y anticipadamente decidida".

Por estos hechos tanto Camps como Barberá estuvieron al borde de ser imputados. El juez instructor del caso Nóos, José Castro, envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que asumiera esta parte del sumario al apuntar la “decisiva e imputable intervención” de Rita Barberá y Francisco Camps, aforados ambos por su condición de parlamentarios autonómicos. En septiembre de 2013, el tribunal regional valenciano rechazó asumir la instrucción, lo que salvó a ambos políticos del banquillo.

En aquella exposición, el juez Castro sostenía que ambos políticos, en su día presentados como puntales de la gestión del PP, asentían verbalmente "a cuanto se les ofrecía, sin estudios previos ni viabilidad técnica ni de mercado, en marcos geográficos absolutamente impropios y orillando por completo las normas sobre las contrataciones públicas".

Finalmente la responsabilidad penal ha recaído en sus subordinados. Cuatro altos cargos de la Generalitat, Luis Lobón, Elisa Maldonado, Jorge Vela y José Manuel Aguilar; y el exvicealcalde de Valencia y antigua mano derecha de Barbera, Alfonso Grau, se sientan en el banquillo de los acusados. En su declaración como acusado, Grau manifestó que Barberá le comentó que se había reunido con Urdangarin, y que los proyectos que este le presentó “pintaban bien”.

Respecto a González Pons, contestará sobre el convenio firmado con Nóos para la organización de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse. De los seis millones de euros que contemplaba el acuerdo, la entidad de Urdangarin cobró 382.000 euros. En su declaración como testigo ante el juez instructor, el exdirigente popular, hoy eurodiputado, se presentó como un simple “espectador” del convenio.

Tanto Camps como Barberá solicitaron declarar por videoconferencia, lo que fue rechazado por el tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero.