España pide explicaciones a Rabat por la expulsión de cinco juristas

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado este jueves a la Embajada de Marruecos en Madrid para pedirle oficialmente explicaciones por la expulsión de cinco juristas españoles que viajaron a Rabat para solidarizarse con presos saharauis en huelga de hambre. En una reunión de personal del ministerio que dirige José Manuel García-Margallo con diplomáticos marroquíes se les ha transmitido oficialmente la "preocupación [española] por las garantías de los afectados en la gestión de esta expulsión administrativa", según fuentes de Exteriores.

Los cinco juristas españoles, junto a dos franceses y un belga, llegaron a Rabat para solidarizarse con los presos saharauis del llamado "grupo de Agdaym Izik", que protagonizaron una huelga de hambre de 36 días hasta el pasado martes.

Los ocho juristas, pertenecientes al Colectivo Internacional de Apoyo a los Presos Saharauis, que  habían convocado una rueda de prensa para este jueves para denunciar la situación de estos, fueron detenidos el miércoles por la tarde en su hotel de Rabat y la policía decretó su inmediata expulsión administrativa. La Wilaya (Gobierno Civil) de Rabat les acusó en un comunicado de "entrar en Marruecos para sembrar la discordia y atentar contra el orden público".

La intervención del cónsul general de España en Marruecos, Rafael Fernández Pita, que pudo reunirse con los abogados a su regreso al hotel y se puso a su disposición para ofrecerles toda la ayuda posible, retrasó la expulsión hasta este jueves, según fuentes diplomáticas. La Embajada española en Rabat también se puso en contacto con las autoridades marroquíes para pedirles explicaciones oficiales.

La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España señala en un comunicado que los españoles expulsados sobn el magistrado asturiano Jesús María Martín Morillo, los letrados andaluces Francisco Serrano y Juan Carlos Gómez Justo, la aragonesa Altamira Guelbenzu y la canaria María Nieves Cubas Armas.

Los 13 presos saharauis con los que pretendían solidarizarse los abogados pertenecen al grupo de Agdaym Izik, el campamento a las afueras de El Aaiún que en 2010 fue desmantelado por la fuerza, y protagonizaron una huelga de hambre para exigir un nuevo juicio, por considerar que se celebró en 2013 ante un Tribunal Militar, que les condenó a penas de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua, careció de las mínimas garantías.