El decreto-ley acapara el 60% de la actividad legislativa en cinco años, según un estudio

El decreto-ley se ha convertido en un modo "cuasi ordinario de legislar", aunque el artículo 86 de la Constitución exige que se utilice únicamente "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y le impone límites para que no afecte al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. En su discurso de ingreso a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, presidido por el Rey, el constitucionalista Manuel Aragón Reyes ha alertado este martes —en base a un estudio— sobre la "gravedad" que está suponiendo el uso desmesurado del decreto-ley por parte de los Gobiernos para la forma de Estado, cuya potestad legislativa está atribuida "de manera ordinaria" a las Cortes Generales.

Aragón Reyes ha atribuido esta situación, "principalmente", a dos factores: "El escaso vigor de nuestro parlamentarismo y la laxa interpretación jurídica que se ha otorgado al artículo 86 de la Constitución". En su exposición razonada, titulada Uso y abuso del decreto-ley: una propuesta de reinterpretación constitucional, señala que la intensificación de esta práctica deteriora la legitimidad democrática de las leyes aprobadas por este procedimiento, ya que esta "no se basa solo en la mayoría que la aprueba", sino también "en el procedimiento parlamentario de su elaboración", es decir, en su apertura a la presentación de enmiendas y debate público.

El pasado mes de octubre, el Tribunal Constitucional anuló dos apartados de una norma incluida en un decreto de medidas urgentes por entender que "no existe justificación alguna al respecto ni en la exposición de motivos, ni en la memoria, ni en la intervención parlamentaria de la vicepresidenta del Gobierno y que, por lo tanto, la reforma podía haberse impulsado por el trámite del procedimiento legislativo".

Según el estudio del constitucionalista, la Transición española se sustentó en decretos-leyes: entre los años 1976 y 1978 se dictaron 120. Pero entre 1979 y 2015, el uso de la norma extraordinaria ha supuesto el 36% de la actividad legislativa ordinaria (el 29% de toda la legislación): frente a 1.452 leyes ordinarias, se han dictado 510 decretos-leyes. Y de estos, solo dos fueron rechazados por el Congreso, lo que da una idea de la pérdida de control parlamentario.

El incremento se hace más notable a partir de 2008. En este periodo, el decreto-ley supone el 55,7% con relación a la legislación ordinaria (133 decretos-leyes frente a 243 ordinarias y 67 orgánicas). Pero en los últimos cinco años (2010-2015), gran parte de ellos con un Gobierno del PP, esta práctica se dispara al 59,6% (99 decretos-leyes frente a 166 ordinarias y 53 orgánicas) en comparación con la legislación ordinaria (el 45,2% de toda la legislación).

La conclusión de Aragón Reyes, que fue el hombre clave en el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, es que la que era una norma excepcional se ha convertido en "una norma ordinaria prácticamente alternativa a la legislación parlamentaria".

Pero la producción de decretos-leyes autonómicos ha corrido paralela a la de los estatales. Salvo Navarra, con un porcentaje muy bajo, el uso del decreto-ley en el resto de autonomías en comparación con la actividad legislativa ordinaria ha oscilado entre 20% y el 40%. Y Andalucía ha sido la más entusiasta con el 75%.

Para evitar este mal uso, que el constitucionalista no atribuye a la regulación constitucional, sino a "una práctica política muy poco respetuosa con ella" y a "una interpretación inadecuada", Aragón Reyes propone reformar el reglamento del Congreso para respetar que el decreto-ley sea una disposición legislativa provisional e introducir cambios en la doctrina constitucional para mantener su uso restrictivo.