Zarrías y los exconsejeros andaluces evitan declarar ante el juez de los ERE

El exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila han rechazado declarar ante el juez de los ERE, Álvaro Martín. Los tres ex altos cargos del Gobierno andaluz han estado apenas una hora y media ante el instructor, dado que se han acogido a su derecho a no declarar porque consideran que su testimonio ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue suficientemente esclarecedor.

Los exconsejeros comparecen como investigados para responder por el sistema implantado por la Junta de Andalucía para abonar los expedientes de regulación de empleo a empresas en crisis entre 2001 y 2010. Las declaraciones suceden a las de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera hace dos semanas, cuando se negaron a declarar al alegar que ya lo habían hecho ante el Tribunal Supremo.

Al finalizar la breve comparecencia, el abogado de Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, ha denunciado que esta forma parte "del juicio paralelo con una finalidad claramente política", para a continuación informar de que va a pedir el archivo de las actuaciones. El letrado ha censurado que haya tenido que soportar "el zarandeo con empujones sin que haya justificación procesal porque él ya ha declarado". Martínez Fresneda ha protestado ante el juez para evitar que la fiscalía y las acusaciones formularan sus preguntas dado que Zarrías había avanzado su silencio tras responder a 145 preguntas en el Supremo, y ha cuestionado si las preguntas "iban dirigidas al público". Finalmente el juez ha permitido las preguntas. El fiscal le ha interrogado por una carta en la que se menciona que el exvicepresidente había dado orden de solucionar un problema vinculado a la empresa Primayor.

"El insistir en las preguntas solo buscaba violentar o intentar violentar al declarante. Ya tuvimos ocasión de declarar en el Supremo las partes y ya dijimos que era inútil esa declaración", afirmó Martínez Fresneda.

El juez indaga en esta rama política con 51 ex altos cargos investigados si la Junta diseñó un plan para desviar fondos públicos a empresas afines al partido socialista, según la tesis inicial de la juez Mercedes Alaya. En un escrito, Zarrías denunció el "perjuicio injusto e innecesario" que le iba a suponer el "paseíllo", además de pedir al juez que impida que quede constancia de las preguntas por parte de las acusaciones.

Mientras que Zarrías declaró en el alto tribunal hace un año junto a Chaves, Griñán, Viera y Mar Moreno —esta última exculpada—, Martínez Aguayo y Antonio Ávila declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada su condición de diputados autonómicos aforados.

Cuando Chaves y Griñán declararon hace dos semanas se limitaron a entregar a la prensa un comunicado en el que Chaves expresó que "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal" durante su mandato como presidente. Mientras, Griñán precisó que consideraba suficiente las 119 preguntas que contestó "con claridad y minuciosamente" en el Supremo y que veía el paseíllo en los juzgados de Sevilla una medida para compensar "los casos de corrupción nuevos que hay".