Un antídoto contra el populismo

Holanda es uno de los países que más Gobiernos de coalición ha tenido en las últimas décadas. Hace 71 años fundaron la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica (CPB), similar a los institutos fiscales independientes en los que se ha inspirado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de reciente creación en España.

Desde 1986, este instituto holandés decidió evaluar los efectos que tendrán los programas económicos de los partidos políticos, tanto antes de las elecciones como después, tras el acuerdo de coalición. Los partidos no están obligados a someterse a este escrutinio, pero todos los partidos lo hacen (excepto uno minoritario de extrema derecha) por una cuestión reputacional ante su electorado.

El 91% de la población holandesa declara conocer la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica (CPB) y al 57% le parece una institución de confianza. Con la autoridad moral que le otorga el apoyo de la ciudadanía, analiza los programas electorales de los partidos políticos y el “coste-beneficio que tienen para la sociedad”, según el organismo. Cuando no hay elecciones, se dedica a las “previsiones económicas trimestrales de la evolución de la economía holandesa”, así como a evaluar el presupuesto anual.

El CPB se autodefine como una Oficina Central de Planificación, un instituto de investigación de análisis económico que trabaja por iniciativa propia, a petición del Gobierno, del Parlamento, sindicatos y organizaciones empresariales. Desde el punto de vista estructural, está dentro del Ministerio de Finanzas, que nombra al presidente, tras consultar a otros miembros del Gobierno. Suele escoger a economistas de gran prestigio. “El contenido de sus informes es completamente independiente”, dice la organización, y se apoya en la ley que se lo garantiza, así como en un organismo de vigilancia que evita la injerencia política. Su financiación es pública, aunque un 20% del presupuesto lo consigue con agentes externos.

Desde 1986, la CPB ofrece los servicios de este organismo a los partidos para intentar anticiparles “los efectos económicos de sus propuestas políticas. Los planes de los partidos participantes se analizan de forma idéntica, lo que ofrece a los votantes una herramienta completa para la comparación de las partes. Es una forma de contribuir a la transparencia del proceso electoral”, explican fuentes de dicho organismo.

Después de las elecciones, la CPB analiza “todas o algunas de las propuestas políticas presentadas durante las negociaciones para un nuevo Gobierno”. Por cierto, en 1977, los partidos tardaron 205 días en formar Ejecutivo.

El organismo advierte que si el Gobierno quiere elevar el gasto en una partida, debería reducirla en otra para mantener el objetivo de déficit y el volumen de deuda. Incluso no permite que un exceso de ingresos extraordinarios, como la venta de una empresa pública, se convierta en un gasto habitual del presupuesto ya que, a medio plazo, generaría déficit.

El resultado del análisis es profundo y se evalúan los efectos económicos, a corto y largo plazo, en el comportamiento de la oferta y la demanda, en el PIB, en el paro, en la distribución de la riqueza, en la deuda, etc. Hasta ahora también habían analizado el efecto de emisión de gases, el mercado de la vivienda y los atascos en las autopistas, que los subcontrataban a otros especialistas, pero han decidido anularlos para el futuro.

Fuentes de la propia entidad admiten que este sistema tiene aspectos favorables, pero también otros negativos. Creen que ayuda a que los partidos presenten propuestas realistas, lo que otorga credibilidad a las formaciones políticas. Sin embargo, no ocultan que restringe el debate a las medidas económicas más fácilmente medibles, lo que puede coartar las propuestas más innovadoras. Expertos consultados apuntan que no hay ningún otro organismo similar en Europa, y que el único conocido que se le asemeja es la Oficina Económica del Congreso de Estados Unidos.