Primer archivo masivo en los ERE para 12 empresarios por prescripción

La juez del caso ERE, María Núñez, ha archivado las acusaciones contra 12 empresarios de la Sierra Norte sevillana por haber prescrito los delitos después de 10 años sin que la justicia actuara desde que la Junta andaluza concedió las subvenciones. La decisión de la magistrada llega después de que la Audiencia de Sevilla decretara las dos primeras prescripciones de delitos la semana pasada y por tanto marcara la senda a la instructora.

La Audiencia aclaraba en su auto que la actuación de la juez Mercedes Alaya provocó la exculpación de dos ayudas al empresario Luis García por 270.000 euros y a Juan Manuel Prieto por 180.000 euros, ya que ambos no habían sido imputados de manera formal durante cuatro años de instrucción hasta el 6 de febrero de 2015. Y ese auto de Alaya llegó demasiado tarde, por lo que los delitos quedarán impunes.

Alaya respondió ayer a las críticas por su dilación en una conferencia en Sevilla. La juez considera que las prescripciones no deben achacarse a su actuación ni a la Guardia Civil, sino que se debe a la complejidad de las “tramas delictuales” que sobrepasan los medios personales y materiales de la justicia. Sin embargo, el 11 de marzo de 2013 Alaya rechazó dos jueces de apoyo que le brindó el Poder Judicial porque consideró que ella sola podía asumir todas las investigaciones. “La culpa de esas tramas delictuales no las tenemos ni la policía ni la Guardia Civil ni los jueces. Es porque se ha consentido durante mucho tiempo que la corrupción política exista y además con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente”, alegó ayer.

En su auto, la juez Núñez amplía el arco de la prescripción de delitos a 12 empresarios, uno de ellos ya fallecido, por ayudas como la de José Reina, por 300.000 euros a su empresa Eustaquio Reina, o Beatriz Pérez, de la firma Producciones Barataria, que recibió 210.000 euros de la Junta andaluza. Las ayudas suman un total de 1,2 millones, aunque la prescripción no significa que la Administración no pueda recuperar dicho dinero. Para ello, los empresarios pasan a ser responsables civiles de los delitos y nueve de ellos declararán en el juzgado como testigos.

El auto de esta semana responde a la Audiencia, que se basó asimismo en el criterio de la fiscalía expresado hace un año para que todas las ayudas menores a 450.000 euros estuvieran sujetas al plazo de prescripción de 10 años y no de 15 años por su especial gravedad. En la resolución la instructora imputa a seis nuevas personas, entre ellas el actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, Sotero M. Martín, antiguo responsable de la empresa Cortansa, al que cita a declarar el próximo 26 de mayo.