Un informe avisa de que el pacto con Turquía exige luz verde del Congreso

Mariano Rajoy está obligado a obtener la “aquiescencia” (consentimiento) del Congreso para suscribir el pacto sobre inmigración con Turquía que se debatirá en el Consejo Europeo de los días 17 y 18. Así lo determina un informe de la Abogacía del Estado, según el cual el Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que comprometan al futuro Ejecutivo sin el visto bueno del Congreso. El secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, buscará el miércoles la luz verde de los grupos en la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Frente al informe de la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Cortes, que aseguraba que el Gobierno en funciones no está sujeto al control del nuevo Parlamento, la Abogacía del Estado advierte de que el Ejecutivo está obligado a obtener la aquiescencia del Congreso antes de tomar decisiones que comprometan a futuros Gobiernos. La contradicción es solo aparente: si el Gobierno se limita a la gestión ordinaria de los asuntos y no toma decisiones políticas, no cabe control del Legislativo, pero la situación cambia cuando el Ejecutivo en funciones está obligado a tomarlas. Y eso es lo que sucede con el Consejo Europeo, que no paraliza su actividad por el hecho de que España viva en la interinidad política.

El informe de la Abogacía se elaboró con motivo de la cumbre de febrero pasado, cuando se aprobó un paquete de concesiones al primer ministro británico, David Cameron, para evitar el Brexit, la salida de Reino Unido de la UE. Pero su contenido es plenamente aplicable a la cumbre de los próximos jueves y viernes, cuando se suscribirá, aunque modificándolo, el preacuerdo para el retorno de refugiados alcanzado entre la UE y Turquía el 7 de marzo.

Esa es la razón por la que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el viernes que el Gobierno no aprobará el pacto con Turquía sin el “consenso” parlamentario y el presidente Mariano Rajoy dirigió el sábado una carta al líder del PSOE, Pedro Sánchez, ofreciéndole “consensuar una posición común”.

Antes de la cumbre del Brexit, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, compareció ante la Comisión de Exteriores del Congreso para obtener la “aquiescencia” de la Cámara: los grupos no votaron, pero la mayoría —con la excepción de Podemos— se pronunció a favor, pese a mostrar reservas.

El secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, intentará lograr el mismo resultado en su comparecencia del miércoles —víspera de la cumbre de Bruselas— ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.

El Gobierno advierte de que, si no tiene el consentimiento parlamentario, Rajoy no suscribirá el pacto sobre inmigración, pero confía en obtenerlo. Y ello porque el acuerdo final diferirá sustancialmente de la declaración del día 7 para dejar claro que se respetará escrupulosamente el derecho internacional, incluidas la Convención de Ginebra, el Tratado de Funcionamiento de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales.

Y también porque, opinan fuentes gubernamentales, Pedro Sánchez, tendría muy difícil explicar a sus homólogos europeos —el francés, François Hollande, o el italiano, Mateo Renzi— que los socialistas españoles son responsables de bloquear el acuerdo. Pero el PSOE no quiere dar un cheque en blanco al Gobierno. Pretende que la Comisión para la UE apruebe el próximo miércoles una resolución que marque los principios que debe defender Rajoy en la cumbre europea y las líneas rojas que en ningún caso deberá sobrepasar. Si la iniciativa prospera, el presidente en funciones acudirá por primera vez a Bruselas con un mandato del Parlamento.