El socio de Urdangarin se dispone a dar la batalla legal en el ‘caso Nóos’

El juicio del caso Nóos entra, si no hay sobresaltos de última hora, en su zona de mayor tensión. A partir de este martes a las 9,15 comenzarán a prestar declaración en la Audiencia Provincial de Baleares los acusados de más relieve penal en la trama de desvío de fondos públicos: Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, y su socio en el instituto Nóos, Diego Torres. La semana culminará, si se cumplen las no siempre fiables previsiones del tribunal, el viernes, con la declaración ante el tribunal de la hermana de Felipe VI. Pese a que su horizonte judicial es más despejado que el de su marido –ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado presentan acusación contra ella- el mero hecho de que responda ante las magistradas como presunta cooperadora en los delitos fiscales de Urdangarin, cargo que le imputa el sindicato Manos Limpias, resulta histórico.

Diego Torres será el encargado de abrir la semana. El socio del exduque de Palma, de 50 años, está considerado como el cerebro de la trama corrupta del Instituto Nóos, del que era vicepresidente, y que percibió 6,2 millones de euros de los gobiernos valenciano y balear y del Ayuntamiento de Madrid por organizar eventos con presupuestos inflados, factura falsas y saltándose las leyes de contratos de la Administración. Este consultor empresarial y antiguo profesor asociado de la elitista Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), de Barcelona, donde conoció a Urdangarin se enfrenta a una petición del fiscal de 16 años y medio de cárcel. Torres está acusado de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad documental. Manos Limpias eleva la petición de prisión contra él a 22 años y medio.

De los 17 acusados que componen el banquillo del caso Nóos, Torres es, sin duda, el más beligerante con las tesis del fiscal Pedro Horrach: ha defendido su inocencia sin concesiones, primero ante el juez instructor José Castro, y en los últimos tiempos en los medios de comunicación e incluso en un libro, La verdad sobre el caso Nóos (Ed. Foca, 2016). El exsocio de Urdangarin, defendido por el abogado barcelonés Manuel González Peeters, ha rechazado en todo momento cualquier acuerdo con la acusación pública.

Diego Torres ha tratado desde el principio de la causa, en el año 2010, de imponer la tesis de que las actividades supuestamente ilegales del Instituto Nóos contaban con la supervisión y el beneplácito de la Casa del Rey. Para ello, ha publicado correos electrónicos comprometedores para La Zarzuela y, en algunos casos, abochornantes para su antiguo compañero de aventura empresarial.

A partir de este martes, Torres tratara de convencer al tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero de que Nóos, una entidad oficialmente sin ánimo de lucro, pagó sus impuestos, cobró cantidades moderadas por los congresos y cumbres (Valencia Summit, Illes Balears Forum…) que organizó, que los eventos eran ciertos y necesarios, que no había facturas falsas y, sobre todo, que la Casa del Rey estaba informada de todo y no puso pegas a sus actividades.

En su contra, Torres –y Urdangarin- cuentan con ya con las declaraciones prestadas por otros de sus compañeros de banquillo, entre ellos los acusados del Gobierno balear, con el expresidente Jaume Matas a la cabeza, que reconoció las irregularidades administrativas en la contratación de Nóos y calificó al yerno de Juan Carlos I de “conseguidor” y “facilitador” de contratos por su condición de miembro de la Familia Real. Y sobre todo, Torres deberá tratar de desvirtuar la declaración del arrepentido contable del Instituto, su cuñado Marco Antonio Tejeiro, que confirmó ambos socios crearon un entramado de empresas para repartirse al 50% los beneficios de su actividad en Nóos mediante un sistema de facturación cruzada.

La declaración de Torres se espera prolongada, probablemente de más de una jornada. Su letrado, González Peeters, ha tenido ya algún encontronazo en este juicio con la magistrada Samantha Romero por los modos con que se dirige no solo a los acusados a los que ha interrogado sino también al propio tribunal.