Los flecos pendientes en los tribunales del caso de El Algarrobico

Los fallos del Tribunal Supremo de este jueves sobre el hotel levantado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), empujan a este polémico edificio a su desaparición. Pero todavía quedan algunos flecos pendientes, menores en el caso urbanístico pero de gran trascendencia económica. La promotora pide al Ayuntamiento de Carboneras, a la Junta de Andalucía y al Gobierno 70 millones de euros.

Tres sentencias pendientes en Andalucía

Entre 2014 y 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió paralizar las sentencias de tres casos relacionados con El Algarrobico. Lo hizo porque los pronunciamientos del Supremo, que finalmente llegaron ayer, condicionaban esos tres casos.

Uno de esos temas pendientes es sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras. En ese documento de planificación municipal los terrenos en los que se levantó el hotel están clasificados todavía como suelos urbanizables, a pesar de que están dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Pero el Supremo decidió ayer que esa área está "ambientalmente protegida" y que, por lo tanto, no se puede construir ahí. Este tribunal ha aclarado que esa zona debe figurar como C1 (la de máxima protección) en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque. 

Los otros dos casos pendientes hacen referencia, precisamente, a ese PORN y a la clasificación del sector en el que está el hotel. José Ignacio Domínguez, el abogado de las organizaciones ecologistas que ha llevado este caso, sostiene que al TSJA no le quedará más remedio que "adaptarse" a lo que ha sentenciado el Supremo. Es decir, que tendrán que dejar claro, tanto en el PGOU como en el PORN, que en esos suelos no se podía construir, con lo que deja a El Algarrobico fuera de la legalidad y al borde de la demolición.

Reclamación patrimonial

El Supremo también fijó ayer que el retracto aprobado por la Junta de Andalucía en 2006 sobre los terrenos en los que se levantó el hotel es legal. Esto supone que el Gobierno andaluz es el propietario de esa parcela. A cambio, la promotora del hotel, Azata del Sol, recibirá 2,3 millones de euros, que desde hace diez años están depositados en una entidad bancaria.

Cuando la promotora empezó a recibir sentencias contrarias al hotel inició una batalla legal para conseguir una indemnización. Primero presentó ante las Administraciones una reclamación patrimonial de 70 millones de euros, que fue rechazada. Entonces acudió a la Audiencia Nacional, que mantiene un caso abierto para dirimir si la empresa debe ser indemnizada. El Supremo dejó claro ayer que no le corresponde a ellos analizar esa reclamación patrimonial.

Licencia de obras

En julio de 2014, una sección de la sala de lo contencioso del TSJA -que hasta ese año no había tratado nunca asuntos relacionados con El Algarrobico- sentenció que la licencia de obras del hotel (que data de 2003) era legal. "Es una situación absurda", dice el letrado José Ignacio Domínguez. Esta es la situación ahora: un hotel que invade la zona de protección de los 100 primeros metros de costa, en unos suelos que son de la Junta y en un área de un parque natural en la que no se puede construir tiene una licencia de obras legal. La sentencia que avalaba ese permiso municipal es difícil de revertir ahora. Una forma sería pedir ante el TSJA la revisión de la sentencia tras los últimos pronunciamientos del Supremo. "Pero es una vía muy extraordinaria", indica Domínguez. La otra sería que las organizaciones ecologistas acudan al tribunal de Estrasburgo, algo que planean hacer. Los ecologistas ya intentaron que el Constitucional anulara la sentencia, pero no tuvieron éxito.  

Demolición

La Junta de Andalucía y el Gobierno firmaron en 2011 un protocolo para la demolición del edificio en el momento en el que se resolvieran los distintos recursos judiciales. El Gobierno andaluz entiende que ese momento ya ha llegado. Ese acuerdo recoge que el Gobierno correría con los costes de derribo y la Junta con el desescombro y de la restauración de la zona. Todo el proceso tendría un coste de unos siete millones de euros.

La idea que maneja la Administración andaluza es proceder a la demolición a través de la apertura de un expediente administrativo. Pero cabría la posibilidad de que la orden de derribo fuera recurrida en los tribunales, con lo que se alargaría algo más la historia de este hotel, cuya construcción se paralizó hace diez años.