Castilla y León paraliza los vertidos de una planta de compostaje en Segovia

La Junta de Castilla y León ha tomado medidas cautelares para paralizar la actividad de la planta de compostaje de la empresa Agraman en Fuentepelayo (Segovia). Los vecinos del municipio, de cerca de un millar de habitantes, han protestado por los olores nauseabundos y posibles problemas de salud por filtraciones de líquidos al subsuelo.

Constituidos en una plataforma que han llamado No más mierda, los vecinos afirman que no se desarrolla una actividad de compostaje, sino que la planta y las tierras que tiene la empresa arrendadas en los alrededores se utilizan para almacenar residuos de mataderos, hospitales y depuradoras de aguas negras, que llegan en camiones desde varios puntos de España sin que sean tratados, y que esparcen por el aire, el agua y el suelo bacterias y hongos microscópicos que generan malos olores, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales.

El área de Sanidad del Gobierno regional ha descartado la existencia de problemas de salud tras inspeccionar la zona, pero se ha suspendido la descarga de camiones con residuos después de que se detectara el almacenamiento, en al menos en cuatro parcelas, de residuos no procesados, y la existencia de balsas ya colmatadas. También ha instado al propietario de las parcelas a que retire los residuos y a la industria de compostaje a corregir la situación del almacenaje en la planta.

El propietario de la planta, Juan Francisco Cárdaba, atribuye el problema a las naves ganaderas próximas al núcleo de población, un extremo que ha negado el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Juan Manuel Palomares. El coordinador argumenta que, en los últimos años, la cabaña de porcino se ha reducido a más de la mitad y afirma temer que el vertido incontrolado de residuos dañe la salud de los animales.

Este jueves, representantes de Ecologistas en Acción y de los sindicatos CC OO, UGT y UCCL se han reunidos con los miembros de la Comisión Territorial de Medio Ambiente para solicitar información sobre montones de vertidos sólidos y líquidos procedentes de más de 350 camiones. Junto a varias preguntas parlamentarias del PSOE, IU-Equo y Podemos han presentado una proposición no de ley en las Cortes regionales para que la Junta de Castilla y León retire las autorizaciones a la planta.