Rajoy activa la nueva ley del Tribunal Constitucional contra el Parlament

El Gobierno ha decidido activar la herramienta que puso en manos del Tribunal Constitucional al final de la pasada legislatura, por la que se permitía a este órgano jurídico ordenar la ejecución de sus propias sentencias.

Ante la intención del Parlament de Cataluña de poner en marcha una comisión de estudio del proceso constituyente, con el respaldo de la mayoría formada por Junts pel Sí y la CUP, Mariano Rajoy ha ordenado que se plantee ante el Constitucional un incidente de ejecución de sentencia, con el propósito de anular la resolución que aprueba la creación de esa comisión. El Gobierno afirma que lo aprobado en el Parlament “infringe el ordenamiento constitucional” y, en concreto, la sentencia del 2 de diciembre del TC que declaró nula la resolución soberanista que aprobó la cámara catalana poco después de constituirse. 

El Gobierno da de este modo respuesta legal a los nuevos pasos encaminados a impulsar el proceso secesionista, y lo hace echando mano de un instrumento que fue criticado con dureza por el resto de partidos en el momento de su aprobación. El Ejecutivo reconoció poco después que su propósito último era contar con recursos legales para frenar posibles avances en el desafío catalán.

El Gobierno también ha respondido a la pretensión de la Generalitat de Cataluña de crear su propio ministerio de Exteriores, cuya denominación oficial es Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Se va a solicitar el preceptivo informe del Consejo de Estado antes de plantear ante el Constitucional un conflicto positivo de competencias. El Ejecutivo asegura que las atribuciones otorgadas a este organismo “contradicen el orden constitucional y de la garantía de las competencias reservadas al Estado”. Es decir, se pretende parar de inmediato la pretensión de la Generalitat de tener una política exterior propia.