El fiscal Superior vasco cree que falta precisión para inhabilitar a Otegi
Calparsoro asegura que el Código Penal especifica que hay que precisar para qué cargos está inhabilitado
El caso Casanova va a tener recorrido para Arnaldo Otegi. El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado que la Audiencia Nacional tendría que haber especificado, en la sentencia condenatoria, para qué cargos públicos está inhabilitado el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. En su opinión esa laguna deja la puerta abierta a que el Tribunal Supremo pueda fallar en la misma línea que lo hizo con el parlamentario vasco, Iker Casanova, al que le afectaba una inhabilitación igual a la de Otegi. El Supremo autorizó que Casanova se presentara a las elecciones autonómicas de 2011 y ahora es parlamentario de EH Bildu en la Cámara de Vitoria.
Las declaraciones de Calparsoro a Onda Vasca, se producen poco después de que la Audiencia Nacional haya confirmado que el exportavoz de Batasuna permanecerá encarcelado hasta el 28 de marzo de 2016 y no podrá presentarse a unas elecciones ni ocupar un cargo público hasta el 28 de febrero de 2021. Para Calparsoro la Audiencia Nacional peca de falta de precisión y entiende que ante una eventual reclamación de la izquierda abertzale al Tribunal Supremo, este volverá a fallar lo mismo porque el Código Penal es "muy claro" y dice que la sentencia tiene que especificar el cargo público al que afecta la inhabilitación. "Es un tema de interpretación jurídica, pero el derecho penal tiene unos principios y un principio es que no cabe hacer una interpretación contra el reo, una interpretación extensiva de las privaciones de derecho. Y, en este caso, se está hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a ejercer cargos públicos", ha afirmado.
Asimismo, ha apuntado que la propia Fiscalía del Estado se ha pronunciado recientemente en relación a otro caso y ha dicho que no se puede "extender ni aplicar esta pena cuando no se ha especificado el cargo público al que afecta". Juan Calparsoro ha subrayado que, al final, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que, "conforme a su propia jurisprudencia y a criterios que rigen en derecho penal" los principios y la protección de los derechos fundamentales de cualquier persona, "incluida una persona que como Otegi va a salir de prisión y va a extinguir sus responsabilidad penales en breve", explique "si va a tener que seguir cumpliendo otra pena respecto a la cual no se ha cumplido lo que dice el Código Penal. Y el Código Penal dice que hay que especificar el cargo público".
Como ocurrió en el caso de Iker Casanova, "la propia Fiscalía General afirma que el delito no tenía vinculación con el cargo de miembro del Parlamento vasco o cualquier otro cargo. Calparsoro ha indicado que son temas "muy sensibles", que "levantan ampollas" y que hay "muchas personas que no entienden que ocurran estas cosas" y los tribunales "no especifiquen".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
- Ponencia de Paz
- Lehendakari
- Iker Casanova
- Parlamento Vasco
- Arnaldo Otegi
- Juan Calparsoro
- Gobierno Vasco
- Parlamentos autonómicos
- Audiencia Nacional
- Tribunal Supremo
- Tribunales
- País Vasco
- Parlamento
- Poder judicial
- Grupos terroristas
- Partidos políticos
- Gobierno autonómico
- Comunidades autónomas
- Terrorismo
- Delitos
- Política autonómica
- Administración autonómica
- España
- Administración pública
- Política