El exinterventor de los ERE censura el “uso inadecuado”para pagarlos

El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha insistido este miércoles ante la juez del caso ERE, María Núñez, en lamentar el "uso inadecuado" del pago del fondo que el Gobierno andaluz dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. Gómez, que ha declarado por tercera vez como imputado en esta causa, dirigía la Intervención General que supervisó el instrumento utilizado para pagar los ERE, las transferencias de financiación, un método que ha censurado, pero cuya legalidad, sin embargo, defiende. A la defensa de la legalidad del fondo se ha sumado hoy como testigo la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Margarita Regli.

El alto cargo de la Junta aseguró que su departamento alertó de ese uso inadecuado al Consejo de Gobierno —del que formó parte la cúpula del Ejecutivo— y a las consejerías de Hacienda —dirigida entre 2004 y 2009 por el expresidente José Antonio Griñán— y de Empleo —con José Antonio Viera y Antonio Fernández al frente—. Sin embargo, el fondo siguió pagándose año tras año tras presentar las consejerías las alegaciones pertinentes.

En anteriores declaraciones ante la instructora Mercedes Alaya y el Tribunal Supremo, Gómez acusó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán de presentar ante la justicia "un cúmulo de invenciones". El exinterventor rechazó las versiones exculpatorias de ambos sobre el fraude, que tildó de "indignas". Tanto Chaves como Griñán defendieron que ignoraron el fraude porque la Intervención no dictó un informe de actuación, una fórmula que habría encendido la alerta roja del menoscabo de fondos públicos.

Gómez ha precisado esta mañana que el "uso inadecuado" del fondo de los ERE permaneció hasta el cambio normativo en 2014. El exinterventor ha matizado que los reparos ante el pago de los expedientes tramitados por la Consejería de Empleo también los expuso ante la exministra y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez. La fórmula empleada fue las memorias anuales de cumplimiento en 2001 y 2002, que Gómez ha tildado de "mecanismo desafortunado". El exinterventor se ha escudado en que no podía fiscalizar los expedientes de Empleo porque bajo su supervisión estaba la agencia Idea, que era el organismo pagador de las ayudas para prejubilados y subvenciones directas.