Cómo forzar y reírse del votante

Artur Mas renuncia, aunque a medias: tutelará desde el control del partido al heredero, Carles Puigdemont; pretende conseguir la poltrona que en su momento le apetezca —probablemente la de gran embajador volante—; y advierte de que supervisará a sus verdugos arrepentidos de la CUP.

Aunque con esas limitaciones, la dimisión alcanza un valor de catarsis parecido al de unas elecciones, aunque a costa de que su función de clarificar el mapa político sea muy inferior.

Casi toda dimisión —las honestas, las deshonrosas y las pluscuamperfectas— se erige en hito señalizador de un fracaso, de una imposibilidad o de una obsolescencia.

Y esta no es excepción. Pero el fracaso no es solo de Mas, sino de todo su proyecto, el procés, entendido como un camino a la independencia ilegal, unilateral, minoritario y exprés. Podrán sus sucesores reincidir en él e intentar insuflarle nueva vida, y a ello se aprestan, pero no es probable que si insisten en esas mismas estúpidas características cosechen resultados mucho mejores.

Con la dimisión de ayer quedó certificado el triple fiasco de dicho proceso: de la estrategia independentista. Ni en las elecciones plebiscitarias del 27-S el plebiscito para irnos salió ganador, pues nadie en el mundo (ni siquiera la CUP) así lo reconoció, al concitar solo el 47,8% de los votos; ni la declaración de “desconexión” e insurgencia anunciando el 9-N la independencia a plazo y tres leyes capitales inmediatas (jamás escritas) fue sostenida unos pocos días por sus patrocinadores; ni las elecciones como tales arrojaron una mayoría suficiente como para, siquiera, investir un nuevo presidente.

Para lograrlo ha habido que forzar procedimientos e instituciones hasta límites escandalosos y en un escenario ya surreal: ha habido que rehacer en los despachos los resultados electorales de septiembre: como deletreó el cesante, lo que no nos dieron las urnas, lo hemos logrado “por la negociación”.

¿Cómo? Forzando a un grupo —la antisistema CUP— a renunciar a la mayoría de sus parlamentarios y dejándose absorber —heroicamente— a dos de sus componentes como aval de que acatarán a la mayoría.

Aunque se admiten apuestas sobre el futuro de esta congregación verduga de Mas, no es seguro que el Tratado de Versalles que se le impone dé el resultado esperado de la estabilidad parlamentaria, jurada o no por escrito: ¡la vida da muchas vueltas, muy deprisa y más en el verdadero Dragon-Khan, este de verdad, de Cataluña. Mejor no darlo por descontado.

Pero más grave aún que ese interrogante es el hecho cierto del tipo de reflejos de escasa densidad democrática exhibidos por convergentes y cuperos. ¿Alguien se ha preguntado por el daño infligido a los derechos de los electores del grupo (aunque sea) extremista?

Votaron y resulta que sus elegidos contradicen en bloque el plan social que les prometieron aceptando una copia falsa, y encima se pasan en parte al grupo de Junts pel Sí, al enemigo capitalista. Para algunos ese desdén no vale un pimiento y así los electores —al igual que los votantes nacionalistas moderados— aprenderán en carne viva. Pero todo demócrata debe sufrir cuando quiebra el principio representativo, tras haberlo hecho el de legalidad y el de seguridad jurídica.

También es previsible que sufra (aún más) el prestigio de la institución de autogobierno, la Generalitat. El control a distancia del presidente que seguramente se investirá hoy (salvo ejercicios parlamentarios paralizadores), a cargo de su antecesor, desde la plataforma del partido, será quizá útil a Convergència, pero menos a los catalanes.

Para más inri, el cesante aseguró que los beneficios de la operación (que enumeró, sin éxito) superan a sus costes. ¿Ignotos?: claro.