Médicos del Marañón hicieron 2.770 pruebas privadas a costa de la pública

La presunta trama de malversación del hospital Gregorio Marañón de Madrid, bajo investigación en un juzgado de la capital, realizó al menos 2.770 análisis a pacientes ajenos al centro utilizando medios públicos. La magistrada que el lunes pasado ordenó un registro en el departamento de Anatomía Patológica del hospital, uno de los más grandes de España, cree que hay indicios de que varios médicos, con ayuda de técnicos, se lucraron efectuando biopsias y citologías a pacientes de clínicas privadas en las instalaciones públicas por las que luego cobraban como si las hubieran hecho en sus propios laboratorios.

La investigación ha acreditado hasta ahora que muestras de centenares de pacientes de las clínicas privadas Nuestra Señora del Rosario y San Rafael, ambas de Madrid, fueron trasladadas al laboratorio de inmunohistoquímica del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se analizaron en las costosas máquinas del centro entre 2012 y marzo de 2015, cuando un médico del hospital destapó el caso. En estos aparatos se hacen diagnósticos de cáncer, entre otras dolencias. Los datos recabados muestran que el Marañón hizo 1.701 técnicas diagnósticas a pacientes de Nuestra Señora del Rosario y 1.069 a los de San Rafael. La magistrada también relaciona estas prácticas con el laboratorio ROES de Anatomía Patológica.

Una de las claves del caso está en los discos duros de las cinco máquinas que realizan estas técnicas, donde queda constancia de qué médico ordena el análisis y de dónde procede la muestra del paciente. El lunes pasado la magistrada ordenó un registro en el hospital. Agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, acompañados por técnicos de la empresa propietaria de las máquinas, Roche, extrajeron información sobre la actividad desde 2011. Si esos datos no han sido manipulados en los ocho meses transcurridos desde la denuncia, permitirán saber con mayor detalle en qué medida se usaron las máquinas para fines ajenos a su uso público.

Por ahora, la investigación se basa en un informe de la Inspección de Sanidad que comprobó que se habían realizado pruebas ajenas al centro y que estas no correspondían a proyectos de investigación ni a segundas opiniones. Esto supone, según relató el director general de Ordenación e Inspección al fiscal del caso, que “se han facturado por algunas de las personas implicadas [...] como actividades privadas pruebas de laboratorio realizadas dentro del HGUGM [Hospital Gregorio Marañón] cuyo coste ha asumido exclusivamente el centro público”. Fuentes cercanas al caso aseguran que, de momento, las autoridades sanitarias de Madrid calculan que el daño causado al erario público es de 62.474 euros. Esa es la cantidad que reclama la Comunidad de Madrid, personada en el caso.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, ha citado a declarar como imputados a cinco personas. Una de ellas es quien fue máximo responsable del departamento de Anatomía Patológica del hospital hasta su jubilación el 30 de septiembre de 2013: Emilio Álvarez Fernández. Se trata de un patólogo muy prestigioso, con actividad investigadora y docente en la Universidad Complutense, que el año pasado recibió de manos de Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, una de las 35 medallas de plata que concede anualmente esta Administración para distinguir a empleados públicos.

Al menos hasta hace unos meses, el hospital San Rafael, propiedad de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, tenía contratado su servicio de Anatomía Patológica con el Instituto Doctor Álvarez, del que Emilio Álvarez es administrador único y accionista mayoritario. Según la página web del centro, que no contestó a las preguntas de EL PAÍS, actualmente ese servicio se lo proporciona otra empresa.

Otro de los facultativos imputados es Miguel Ángel López de la Riva, un reputado patólogo con laboratorio propio, el Centro Dr López de la Riva de Anatomía Patológica y Citología, situado en O’Donnell 20, a pocos metros del Gregorio Marañón. La administradora única de la empresa es su esposa, según consta en el Registro Mercantil. López de la Riva se jubiló en 2012 como funcionario del Gregorio Marañón (fue jefe de sección entre 1977 y 2012, según su currículo). También fue profesor de su especialidad en la Complutense.

Durante años, López de la Riva compatibilizó el trabajo de mañana en el hospital con el de la tarde en la clínica privada Nuestra Señora del Rosario. Actualmente sigue apareciendo como responsable del servicio en la página web de la clínica, que reconoce tener contratado el servicio de Anatomía Patológica con él. “Es un servicio externalizado”, precisa una portavoz. “La relación con el doctor es de alquiler de un espacio”, añade. Y afirma sobre el destino de los tejidos de los pacientes: “Él mantiene que las muestras no se estuvieron analizando fuera”. Este periódico ha tratado sin éxito de contactar con López de la Riva.

Otras dos imputadas son Beatriz López Martínez-Bernal, hija de López de la Riva, y Carmen López Varela, ambas patólogas del Gregorio Marañón. Según un auto de la magistrada del caso, las dos trabajaban en jornada de tarde en la clínica del Rosario. Al quinto imputado, también médico, Manuel Lecona, la magistrada lo relaciona con el laboratorio ROES, a cuyos pacientes presuntamente también se hicieron análisis gratis en el Marañón.

Tras saltar el caso a los medios, el hospital inició una investigación que cerró una semana después al concluir que no había indicios de delito. Tres meses más tarde, la Comunidad de Madrid abrió expediente disciplinario a ocho trabajadores del hospital Gregorio Marañón, pero no por el uso indebido de medios públicos, sino por una cuestión administrativa: trabajar en la sanidad privada sin autorización de compatibilidad.

A preguntas de este diario, un portavoz de la Consejería de Sanidad confirma que siete de los ocho expedientes ya están resueltos y que en seis casos han acabado con sanción. Cuatro de los sanitarios deberán cumplir un mes sin empleo ni sueldo y dos, dos meses. Fuentes hospitalarias aseguran que al menos dos de ellos, técnicos de laboratorio, ya están cumpliendo el castigo. Las sanciones de dos meses se deben a que los facultativos habían pedido anteriormente la compatibilidad para su actividad docente, es decir, conocían el trámite. Sanidad lo ha considerado un agravante.

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