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Una protectora denuncia la cacería de dos galgos en un pueblo de Ávila

La asociación Scooby pide que se pueda capturar a los animales con jaulas trampa sin matarlos a tiros

Reunión de miembros de la asociación Galgos 112 en el Balcó del Mediterrani, de Tarragona
Reunión de miembros de la asociación Galgos 112 en el Balcó del Mediterrani, de Tarragona.

La asociación protectora de animales Justicia Animal ha denunciado este domingo que la Diputación de Ávila ha autorizado la cacería de dos galgos abandonados en el municipio de Langa (538 habitantes). Como los cazadores no han podido cazarlos desde que se otorgó el permiso el pasado 9 de diciembre, la Diputación ha prorrogado la autorización para retomar la cacería, lo que se hará este lunes, según la asociación, que ha recibido llamadas de vecinos del pueblo para denunciar la batida.

“Los animales no se dejan coger. Son de sobra conocidas las formas en las que algunos galgueros tratan a sus perros, de ahí el miedo que tienen y lo difícil que supone su captura. Pero en ningún caso está justificada la autorización para matarlos a tiros”, se queja Matilde Cubillo, presidenta de Justicia Animal. Cubillo afirma que la Asociación Scooby, especializada en el cuidado de galgos, pide que se le autorice a poner jaulas trampas para poder capturar a los animales sin matarlos a tiros.

Según Justicia Animal, las asociaciones recogen “cientos de galgos” abandonados con este sistema de jaulas. “En los albergues, una vez comprueban que no son tratados a golpes, se vuelven cariñosos, y una vez adoptados son unos perros excelentes para compañía, muy sociables”, afirma Cubillo.

Según la presidenta de la asociación animalista, es “vergonzoso” que las administraciones autoricen este tipo de batidas, concebidas para animales asilvestrados o salvajes que pueden suponer un peligro para las personas. Cubillo cree que estas batidas son “una excusa para poder seguir pegando tiros, para seguir cazando, y es un método que utilizan muchos ayuntamientos para eliminar a los animales abandonados”.

“Desgraciadamente está práctica es habitual, las Comunidades Autónomas no tienen ningún escrúpulo en dar esas autorizaciones y matar perros y gatos con la excusa de que son asilvestrados”, denuncia Cubillo.

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