La catártica revuelta ciudadana

"Regeneración” es la palabra fetiche que preside, iluminada y con gruesos caracteres, la campaña electoral del 20-D. Todos los candidatos la reivindican y enarbolan en esta lucha cerrada por hacerse con los ropajes de la virtud pública, mientras el partido del Gobierno, el más brutalmente atacado por la corrupción, presume de haber puesto en marcha la mayor regeneración política de nuestra historia. ¿Estamos en la senda de la rehabilitación democrática o, como sospecha el profesor de Ciencias Políticas, Fernando Jiménez Sánchez, investigador especialista del Consejo de Europa, podemos caer en la vía de las reformas cosméticas y cínicas lampedusianas (Giuseppe Tomasi di Lampedusa): cambiar todo para que todo siga igual?

Las formaciones españolas solo han reaccionado —y arrastrando los pies— cuando la exigencia de la reacción catártica ha prendido en el seno de la sociedad y la amenaza de la catástrofe electoral ha tocado a sus puertas por mano de los partidos emergentes. La amenaza del desahucio político es una poderosa palanca que impulsa el proclamado propósito regenerador, pero, conocidas las dificultades de los sistemas cerrados para regenerarse de forma voluntaria, tampoco garantiza por sí misma el éxito final de la empresa. En el país de la máxima desigualdad y precariedad laboral de Europa, las leyes aprobadas —de insuficiente calado, a juicio de algunos especialistas— no transformarán el estado de cosas si en el corazón del sistema y de los partidos no se produce una transformación profunda de la cultura política. Y la pregunta es cómo desmontar las tramas corruptas y las redes clientelares que a estas alturas han adquirido un grado de penetración y organización notables.

“Si las medidas anticorrup-ción no garantizan verdaderamente la estrategia de la limitación efectiva del poder de los gobiernos y si se trata únicamente de reducir la desconfianza ciudadana, corremos el peligro de acabar una vez más a la italiana, es decir, con un efecto bumerán que disparará aún más la desconfianza”, advierte Fernando Jiménez. ¿Se detendrá este frenesí renovador una vez pasadas las elecciones y en un contexto de recuperación económica que nos sitúe fuera del ojo del huracán de la crisis? ¿Las formaciones emergentes modificarán sustancialmente el modelo actual de financiación? ¿No terminarán por ser abducidos y engullidos por las lógicas y servidumbres del poder, por las mallas de corrupción mafiosa que operan en torno a los partidos y las instituciones?

Lo que seguro ha cambiado es la mirada con que la sociedad española contempla la política y a los políticos. La combinación explosiva de recortes sociales y escándalos de corrupción ha generado una revuelta ciudadana, un estado de alarma general que declara intolerable la situación y busca alternativas. Todas las encuestas muestran que la insatisfacción por el funcionamiento de las instituciones y la participación y movilización ciudadanas han alcanzado cotas extraordinarias. Es como si la vieja cadena que durante siglos ha anudado la pobre implicación política de la sociedad española y su proverbial desconfianza en las instituciones hubiera saltado por los aires y el genio del país anduviera suelto dispuesto a procurarse nuevos horizontes y protagonismos.

“No sé si los partidos e instituciones en general se han tomado en serio lo de la regeneración, que en el mejor de los casos llega un poco tarde. Ahora hay disponible un marco jurídico más disuasorio de los comportamientos corruptos y los partidos tienen nuevos incentivos para ser deferentes con el Estado de derecho y mostrarse más sensibles a las demandas de sus representados. Se ha incrementado el coste político y moral de hacer trampas a las leyes. En España, como en la antigua Grecia, se empieza a practicar la pena del ostracismo, es decir, el ineludible abandono de la vida pública de los acusados de corrupción, aunque en verdad se aplica más a unos que a otros”, constata el catedrático de Filosofía Política Ramón Vargas Machuca.

Las crisis económica e institucional han puesto a prueba nuestra democracia

Exdiputado socialista y autor de una amplia obra sobre la relación entre ética y política, Vargas Machuca cree esfumada la “excusa que permitía a los ciudadanos ser tolerantes y revalidar a políticos golfos”. En su opinión, ha quedado en suspenso el aforismo de Maquiavelo que invita a indultar los comportamientos inapropiados de aquellos representantes políticos que obtengan buenos resultados. “El crecimiento y la justicia social se deciden cada vez más en instancias ajenas y dependen mucho menos de los políticos locales. Por eso, porque nuestros representantes ya ‘no dan trigo’, se hace ostensible su deficiente funcionamiento y no se les concede el todo vale”, indica.

La doble crisis económica e institucional ha puesto a prueba a la democracia española y esta ha sido hallada en falta, aquejada de graves disfunciones, carencias y lagunas. Se equivocan seguramente quienes creen que la recuperación económica restablecerá por sí sola la confianza institucional perdida. La sacudida sufrida por la sociedad ha acabado por activar y organizar a los sectores sociales, preferentemente los menores de 45 años, más precarizados y amenazados en su futuro. El ciudadano común abandona su apática relación con la cosa pública y se muestra más interesado y crítico que nunca con la política. Cabe suponer que esa nueva mirada colectiva, catártica, vigilante, exigente y participativa, alumbrará el 20-D una democracia más decente y transparente, menos injusta, banal y arbitraria. Esa mirada es la clave para asegurar que los partidos asuman la obligada rendición de cuentas, prioricen el bien común frente a los intereses privados y acometan la efectiva regeneración de la democracia española.

Ha cambiado la mirada de la sociedad hacia sus representantes