Crece la disidencia en la izquierda ‘abertzale’ por los presos etarras

Cinco años después de que Sortu rechazara en sus estatutos la violencia de ETA y apostara por un partido institucional se extiende la disidencia, que afloró en junio en su seno con la carta de 93 ex presos de ETA, críticos con su dirección por “haber renunciado a la amnistía”. El 28 de noviembre el colectivo disidente ATA (Amnistía Ta Askatasuna) reunió a 4.000 manifestantes en Bilbao en favor de la amnistía de los presos, en un claro acto de rebeldía con la dirección de Sortu. Era el segundo desafío en poco tiempo. El 29 de agosto fue el primero.

 En esta segunda ocasión, la manifestación, lejos de decaer, estuvo precedida de amenazas y enfrentamientos entre los rebeldes de ATA y los oficialistas de Sortu, incluida la retirada de carteles de los convocantes por los oficialistas.

Además, ATA ha osado organizar marchas a las prisiones para reclamar la salida de los enfermos graves, al margen de la oficialidad. Esta actividad viene precedida por la celebración de asambleas en los pueblos en las que ATA reclama “la amnistía y la recuperación de la calle”, que considera que ha abandonado la dirección de Sortu, a la que cree burocratizada. “La izquierda abertzale oficial tiene menos militantes que cuando era ilegal y más liberados que nunca”, señala un texto de ATA. También evoca la Transición en la que la amnistía fue clave en la movilización vasca. “La amnistía es la herramienta más importante para mantener el carácter político del conflicto”, dice ATA.

Los intentos de la dirección de Sortu de atajar la rebeldía de ATA han fracasado. Incluso, un ex dirigente de ETA, influyente en la izquierda abertzale, como Eugenio Etxebeste, Antxon, enviado por la dirección de Sortu para aplacar a ATA, no lo ha logrado.

La tensión ha llegado al tribunal de París, que juzga a la última cúpula de ETA por su último asesinato, el del gendarme francés, Serge Nerín, en 2010, lo que ha dado resonancia a la crisis. El dos de diciembre, en la misma sesión en que el tribunal condenó a Mikel Carrera a cadena perpetua y a altas penas a otros cinco etarras, estos tomaron posición en el conflicto. Defendieron la unidad del colectivo de presos de ETA y se desmarcaron de ATA.

El Gobierno vasco cree que la influencia de ATA en el colectivo no llega al 20% de los 450 presos. Sin embargo, ellos ven posibilidades de crecer por el malestar de los familiares, por la posición de Sortu y por la parálisis de la política penitenciaria del Gobierno de Rajoy. Cuatro años después del fin del terrorismo, el Gobierno no ha acercado a ningún preso a las cárceles vascas; no ha flexibilizado la política penitenciaria, pese a las peticiones del Gobierno vasco. Ni siquiera ha continuado la vía Nanclares de reinserción, que aplicó Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sortu atrapada

La dirección de Sortu está atrapada entre la radicalidad de ATA y el inmovilismo del Gobierno de Rajoy. Confía en que un cambio en la política penitenciaria, tras las elecciones del 20-D, rompa la parálisis y diluya su crisis. También confía en el liderazgo de Arnaldo Otegi que será excarcelado en marzo. A su vez, el Gobierno vasco le presiona para que fuerce al colectivo de presos a asumir la legalidad penitenciaria —los presos siguen sin reclamar individualmente beneficios penitenciarios—, y a ETA a que se disuelva sin esperar al Ejecutivo.

Pese a su radicalidad política, ATA, según la Ertzaintza, no está vinculada a los dos episodios más graves de kale borroka en estos cuatro años y que preocupan al Gobierno vasco: el incendio de ocho autobuses en Derio (Bizkaia) en noviembre, y el de cinco autobuses en Loiu (Bizkaia) en agosto de 2014, en protesta por la situación de los presos. El atentado de hace un año, reivindicado por Ibil, fue condenado por Sortu y, al parecer, ETA intervino e Ibil cesó. El de noviembre, condenado por Sortu y rechazado por ETA, lo ha reivindicado una organización “de apoyo a la amnistía”.