El juez del ‘caso Romanones’ procesa al cura Román por abuso sexual

El juez del caso Romanones, que investiga abusos sexuales a un menor por parte de un grupo de curas de Granada, ha procesado al supuesto cabecilla, Román Martínez, por hallar "indicios racionales" de un abuso sexual continuado entre 2004 y 2007. El magistrado abre juicio oral contra el principal imputado del clan de los Romanones, ya que han prescrito los delitos atribuidos a otros nueve sacerdotes, un seglar y un profesor de Religión, según decretó la Audiencia de Granada.

El juez cierra la instrucción al constatar un supuesto abuso sexual continuado, lo que puede suponer una pena de cárcel de entre cuatro y diez años para el religioso acusado, al que le impone una fianza de 50.000 euros. El magistrado suma al expediente eclesiástico [que apreció "apariencia delictiva"] otros indicios como "el resto de actuaciones policiales, procesales, actitud procesal de las partes, documentales, testificales, periciales, etc., valoradas y apreciadas también en su conjunto" para concluir que existió delito en las reuniones que el clan mantenía.

El magistrado destaca para reforzar su tesis el examen de los aparatos informáticos y telefónicos intervenidos. "Si bien no constan archivos de contenido explícitamente pedófilo (...) se han encontrado múltiples archivos con documentos relativos a abusos sexuales sobre menores, penas, eyaculación precoz, sexo para uno, prescripción". Además, subraya una conversación a través de correo electrónico, en la que el cura invita al menor "a darse una vuelta" por la parroquia, le pregunta por sus calzoncillos azul eléctrico o le dice frases como "me interesas tú más que Lieja".

El caso Romanones surgió hace un año cuando un joven de 24 años denunció a un clan de curas y seglares por supuestos abusos cuando era monaguillo y contaba entre 14 y 17 años. El relato llegó hasta el Vaticano y provocó la llamada telefónica del papa Francisco como disculpa ante la víctima.

En su auto de procesamiento, el juez destaca asimismo cómo los informes de los psicólogos definieron el testimonio de la víctima como "altamente compatible con un testimonio honesto", mientras que el del supuesto agresor "altamente compatible con un testimonio deshonesto". La víctima sufrió "tensión psíquica", además de "malestar psicológico, con dificultades y problemas de sueño, concentración y con irritabilidad".