Podemos propone cuatro acuerdos contra la violencia machista

La dirección de Podemos envió ayer una carta a las demás formaciones políticas para proponer cuatro pactos de mínimos contra la violencia machista.

El líder de la formación emergente, Pablo Iglesias, la juez y candidata por Las Palmas, Victoria Rosell, y la responsable de Igualdad del partido, Clara Serra, se dirigen a todos los partidos para acordar un “blindaje de una dotación mínima garantizada” en los Presupuestos Generales del Estado; dejar sin efecto el apartado de la reforma local aprobada por el PP, que entra en vigor el próximo 31 de diciembre, que quita competencias a los Ayuntamientos en materia de violencia machista; ofrecer “garantía habitacional para las víctimas”; y por último, “cumplir con los convenios internacionales”.

“El problema de la violencia machista no se resuelve solo con estos mínimos, pero son el primer paso”, considera Clara Serra en conversación con EL PAÍS. La dirigente de Podemos ve importante que “estén en este acuerdo la sociedad civil, los expertos, los medios de comunicación y los miembros de la judicatura”. En su opinión, ese pacto debe tejerse “con calma”, pero cree que antes de las elecciones, e independientemente de estar en campaña electoral, “hay que acordar unos mínimos que, gobierne quien gobierne, se tienen que llevar a cabo”.

Inversión

La inversión pública contra la violencia machista es el núcleo central del acuerdo que propone Podemos. Aunque los últimos Presupuestos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy incrementó en un 6,3% la partida para prevención de la violencia de género, hasta los 25 millones en el próximo ejercicio, la formación que lidera Iglesias lo ve claramente insuficiente. “Son muy bajos con respecto a los que destinábamos antes de la reforma de la Constitución”, señala Serra en referencia al cambio constitucional que en 2011 consagró el principio de estabilidad presupuestaria para poner un corsé al gasto público. El cálculo de Podemos para lograr una inversión adecuada, revela la diputada en la Asamblea de Madrid, es de 66 millones de euros.

La primera en reaccionar fue Patricia Reyes, responsable de Igualdad de Ciudadanos. Aun sin saber si su formación lo firmará, ve razonable el pacto. “Todo lo que se plantea, como la necesidad de aumentar los presupuestos, o de actuar con firmeza frente a la violencia de género, lo asumimos y compartimos. En lo básico estamos de acuerdo”, afirmó a EL PAÍS.

Para Ciudadanos, "es necesario revisar la ley". "Fue un logro en su momento, pero no está siendo eficaz. Hay que destinar una partida importante a igualdad, que es un derecho recogido en la Constitución. Hay que dotar de medios a la lucha contra la violencia de género. Lo primero es contar con todos los agentes, las personas y los colectivos que intervienen en la aplicación de la ley, con jueces, con fiscales, para hacer un informe exhaustivo", señala Reyes, quien prosigue: "Está todo judicializado en exceso. La parte social de la ley no se está ejecutando. Todo se supedita a la denuncia. Habría que dotar de dinero a los Ayuntamientos para que tengan observatorios de la violencia de género a los que puedan acudir las mujeres. A través de los Ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas, es de dónde se puede hacer más cosas".