La juez de los ERE abre una causa para Chaves, Griñán y otros 50 cargos

La juez del caso de los ERE, María Núñez, ha abierto diligencias para investigar por separado la actuación de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otras 50 personas, entre ellas, exconsejeros y altos cargos del Ejecutivo autonómico, en el diseño de pago del fondo para empresas en crisis. El Tribunal Supremo devolvió hace un mes a Sevilla la pieza que afecta a los cargos aforados tras una instrucción de 15 meses; ahora, la juez ha abierto esta investigación central para acotar si estas 52 personas ya imputadas en la macrocausa incurrieron en prevaricación.

La titular del Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla comienza desde hoy a dilucidar si este medio centenar de altos cargos cometieron un delito continuado de prevaricación al diseñar "el procedimiento específico" para pagar los ERE, un fondo dotado con 855 millones de euros entre 2001 y 2010. "La partida 440 se consignó directamente, de manera ilegal, en el presupuesto inicial del programa 31L de la Consejería de Empleo", reza el auto firmado hoy por la juez. La instructora incluye a los dos expresidentes, nueve exconsejeros, altos cargos de las Consejerías y otros vinculados a la agencia Idea como el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

La decisión de Núñez puede suponer que esta rama de la macrocausa sea la primera en ser juzgada en 2016, ya que gran parte de las diligencias han sido llevadas a cabo ya por el Supremo. La juez asume en su auto gran parte de la tesis del alto tribunal para inculpar a los expresidentes y exconsejeros de la Junta por el diseño de los ERE, si bien hoy se ha limitado a abrir la pieza y su decisión final vendrá cuando concluya la instrucción. Al margen de esta pieza troncal, Núñez ha iniciado otras seis piezas en paralelo para dividir una causa que ha permanecido unida durante cinco años bajo la dirección de la juez Mercedes Alaya.

La magistrada subraya, además, que la Consejería de Hacienda, al frente de la cual estuvo Griñán (2004-2009), incumplió presuntamente la normativa en vigor "y, por tanto, se actuaba con criterios contrarios a la ley". La magistrada estima que la agencia pública Idea manipuló (supuestamente desde 2003) su presupuesto, "al consignar indebidamente en la cuenta Otros gastos de explotación, los pagos a efectuar con las transferencias de financiación". A estos pagos la Junta sumó 22 modificaciones presupuestarias.

"El sistema de transferencias de financiación se utilizó en la práctica por parte del Consejero de Empleo y del director general de Trabajo con el fin de conceder subvenciones, implantando así de hecho la Consejería de Empleo un procedimiento específico", destaca la juez.

El instructor del Supremo que estudió el caso hasta este verano, Alberto Jorge Barreiro, consideró que había indicios para imputar por prevaricación a los expresidentes Chaves y Griñán y a los exconsejeros Gaspar Zarrías, y añadió la supuesta malversación para el exconsejero de Empleo José Antonio Viera por prevaricación y malversación.