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Dos jueces imputan a toda la cúpula de los abogados de Salamanca

La cúpula de los letrados está encausada en dos casos distintos por revelación de secretos y prevaricación

La Junta de Gobierno en pleno de un colegio de abogados, ante el juez. Es lo que se verá este miércoles en el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca, donde están citados nueve de los diez miembros de la cúpula del Colegio de Abogados de la ciudad para declarar como imputados por supuestos delitos contra la intimidad y revelación de secretos y prevaricación administrativa. El único miembro que no declarará este miércoles Eduardo Iscar, lo hará el próximo día 26 tras solicitar un aplazamiento.

Iscar, tesorero del colegio de abogados de Salamanca, es uno de los protagonistas de la querella que ha acabado con toda la junta de gobierno imputada simultáneamente en dos casos distintos pero relacionados entre sí. Los hechos recogidos en la denuncia tienen su origen hace un año, cuando Iscar, actuando como abogado, negociaba un acuerdo amistoso con el letrado de la parte contraria en un pleito. Ambos abogados se intercambiaron documentos de sus clientes que contenían datos íntimos y declaraciones sobre una herencia esenciales para dirimir el pleito, pero que están protegidos por el secreto profesional, por lo que no pueden utilizarse como prueba en un juicio.

Una vez que tuvo en su poder los documentos que beneficiaban a su cliente, Iscar, según la querella, rehuyó el acuerdo amistoso y el caso llegó a juicio. El día de la vista, el abogado y tesorero del colegio de abogados presentó los escritos que había recibido bajo secreto profesional y mostró un salvoconducto emitido por la junta de gobierno de la que forma parte que le autorizaba a utilizar los documentos ante el juez y sin haberlo consultado antes con la parte contraria.

El abogado de la parte contraria se querelló cotra Iscar al entender que los miembros de la junta habían hecho “un certificado a la carta” para su compañero incumpliendo el Estatuto de la Abogacía y la ley orgánica del Poder Judicial , que consagra el deber del secreto profesional de los abogados. El Juzgado de Instrucción 1 de Salamanca admitió a trámite la querella e imputó a toda la junta de gobierno por prevaricación, tráfico de influencias y estafa procesal.

Pero el juez además abrió un expediente gubernativo contra los encausados por haber revelado actuaciones sumariales. La revelación que censura el juez fue la decisión del colegio de abogados de publicar en su página web toda la información recogida en la primera querella, incluido el documento privado que había dado origen al caso. Además del expediente del juez, esta publicación en la web ha ocasionado otra querella y una nueva imputación para toda la cúpula al completo de los abogados de Salamanca. Por este caso, que investiga el Juzgado de Instrucción 2, es por el que hoy están citados los miembros  de la junta de gobierno. La cúpula de los abogados también fue llamada a declarar por la primera querella, pero los imputados recurrieron la imputación y las declaraciones se suspendieron a la espera de la resolución del recurso.

El decano del colegio los abogados, Fernando Dávila, defiende su actuación. “No hemos publicado nada que no haya llegado en las querellas”, afirma Dávila, que rechaza que la junta cometiera alguna “irregularidad” cuando otorgó al tesorero el permiso para usar los documentos privados.

Además, el Consejo General de la Abogacía, con sede en Madrid, ha abierto también un expediente disciplinario por estos casos a todos los miembros de la junta de gobierno de los abogados de Salamanca. Según fuentes de este consejo, la tramitación de los expedientes está ahora en suspenso hasta que se dirima el proceso judicial.