Las otras cinco operaciones del PP que “perjudicaron” al paciente

El PP asegura que llegó a La Moncloa cuando España se encontraba en "estado crítico". Repite con ahínco que la "situación estaba muy mal, peor de lo que nos habían dicho". Así que, como expone el último spot de los populares, el Gobierno de Rajoy se enfundó la bata médica y se puso a curar un paciente "grave" que "se nos iba" a causa de la crisis. Con este símil, el Ejecutivo defiende sus cuatro años de legislatura. E intenta, de cara a las próximas generales, centrar su mensaje en "el fin" de la coyuntura. Una estrategia que trata de sacar de la primera línea del debate otras de sus operaciones. Esas que carecen de dimensión económica y que responden a una intención política e ideológica. Las mismas que empujaron a miles de personas a las calles y que suponen, según denuncian los colectivos sociales, un retroceso en los derechos de los ciudadanos. Aquí cinco de las cirugías del PP. Como la Ley Mordaza: que, según dice No Somos Delito, "perjudicó tus libertades".

El decreto ley de RTVE. El Ejecutivo apenas tardó cuatro meses en modificar, a través de un decreto ley, la normativa que obligaba a elegir al presidente de la corporación por dos tercios del Congreso. El Gobierno eliminó el requisito y lo rebajó a la mayoría absoluta. Una reforma que dejaba la decisión en manos del PP. Desde entonces, las críticas no han cesado. El Consejo de Informativos ha denunciado que "han regresado las prácticas de manipulación y censura que ya parecían superadas". Los trabajadores han hablado de una caza de brujas; y han protestado por la creación de una redacción paralelaante el intenso año electoral. Además, la audiencia ha descendido. "La modificación legislativa de 2012 elimina todo tipo de contrapesos y permite ubicar al frente de RTVE a un hombre de partido", sentencia el Consejo de Informativos.

Ley mordaza. Ni las intensas protestas de los colectivos sociales, ni el amplio rechazo de la oposición, ni las críticas de los organismos europeos y de la ONU. Nada frenó a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como ley mordaza, que entró en vigor el pasado 1 de julio. Una normativa que sanciona, entre otras acciones: manifestarse junto al Congreso y al Senado; difundir imágenes de policías; parar un desahucio y protestar escalando edificios. La policía ya la ha aplicado: multó a un joven por llamarles “escaqueados” en las redes sociales. La oposición acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial" con esta legislación. "Es una norma limitadora de las libertades públicas, lo cual es inadmisible en un entorno democrático", apostilla el colectivo No Somos Delito, uno de los principales grupos que ha impulsado las protestas contra esta ley.

La religión, a las aulas. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ley Wert, introdujo una reforma radical al sistema educativo. La entrada en vigor implica que la Religión pasa a ser una materia que puntúa como cualquier otra para la media académica y para recibir una beca o ayuda. Es decir, influirá para acceder a la universidad. Pero no es el único punto conflictivo. "La Conferencia Episcopal Española no solo logró que la LOMCE volviera a incluir la Religión como materia evaluable; ahora ha logrado imponer un temario retrógrado que entra en conflicto directo con otros contenidos del currículo escolar basados en la evidencia científica", sentenció EL PAÍS en un editorial, al referirse a un temario que trata de "relativizar" errores cometidos por la Iglesia católica al perseguir a quienes defendieron postulados científicos que colisionaban con la fe, como Galileo Galilei.

La Iglesia católica ha logrado imponer un temario retrógrado Editorial de EL PAÍS

Cadena perpetua. Bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”, el PP reintrodujo esta legislatura la cadena perpetua, abolida en 1928. "La decisión del Gobierno no se sostiene si analizas las cifras [España tiene una de las menores tasas de criminalidad del mundo, pero una de las más altas de población reclusa de Europa]. El Código Penal ha dejado de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda", expuso José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía defienden que esta norma choca con la Constitución, ya que esta obliga a que las penas de cárcel estén "orientadas hacia la reeducación y reinserción social". En esa idea insiste casi toda la oposición, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Ley de Punto Final. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es una "auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados". Así de contundente se han manifestado seis asociaciones de jueces y fiscales, que han denunciado la entrada en vigor de esta normativa el próximo 5 de diciembre y que fija límites máximos de 6 o 18 meses para instruir los sumarios. El Consejo Fiscal ya la cuestionó y habló de una “oscura redacción”. Los jueces que llevan algunas de las investigaciones más sensibles de España también afirmaron que esta ley abría las puertas a la impunidad de los corruptos.