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Adiós a la puntualidad del AVE... y a la indemnización

El Defensor del Pueblo pide a Renfe que compense a los viajeros que llegan tarde por culpa del robo de cable. Los retrasos en el Madrid-Barcelona casi se han doblado

Elena G. Sevillano
Llegada de los pasajeros de un AVE en la estación de Atocha de Madrid en agosto pasado.
Llegada de los pasajeros de un AVE en la estación de Atocha de Madrid en agosto pasado.Álvaro García

Los pasajeros del AVE Barcelona -Madrid de las siete de la tarde del 5 de abril pasado llegaron a la estación de Atocha 25 minutos más tarde de lo previsto. Como Renfe tiene un compromiso de puntualidad que devuelve la mitad del importe del billete si el retraso supera los 15 minutos, muchos reclamaron. La compañía, sin embargo, respondió con una negativa. No correspondía compensación, alegó, porque 14 minutos del retraso eran imputables a un robo de cable, es decir, la responsabilidad no era suya, sino de la empresa que administra las infraestructuras (ADIF). Solo los 11 restantes se consideraban culpa de Renfe. El compromiso de puntualidad, por tanto, no era de aplicación en este caso.

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Los modernos trenes con los que la empresa pública compite con Iberia en este trayecto llevan casi año y medio sufriendo retrasos por la oleada de robos de cableado. La tradicional puntualidad del AVE, la mejor baza, junto con la comodidad, en la pugna con el avión, se resiente. El porcentaje de trenes que llegan a destino con más de 15 minutos de retraso prácticamente se ha doblado. Eran el 1,5% en 2013, subieron a 2,4% el año pasado y ya están en el 2,7%. Y los viajeros, que no saben de quién es responsabilidad la tardanza, siguen reclamando. Algunos han llegado hasta el Defensor del Pueblo. Esta institución acaba de enviar a Renfe un escrito en el que le pide que indemnice siempre a los ciudadanos. De quién sea la culpa es lo de menos, viene a decir.

Renfe alega que los sabotajes en vehículos o instalaciones encajan dentro del supuesto de fuerza mayor que les exime de cumplir su compromiso de puntualidad. A la hora de valorar una reclamación por un retraso, la compañía diferencia entre los minutos imputables a Renfe y los que se deben al robo de cable, del que considera responsable a ADIF, y resta la diferencia. Cuando no se alcanzan los 15 minutos, deniega la indemnización. A juicio del Defensor del Pueblo, “debe revisarse el criterio de esta entidad pública y compensar a los viajeros en esta clase de retrasos”, señala el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para esta institución, la solución de “individualizar la parte del retraso” imputable al gestor de infraestructuras “genera un problema de indefensión”. Y va más allá al señalar que el usuario no tiene manera de comprobarlo: “Deja sin posibilidades de defensa a los afectados, que carecen de los medios probatorios para contradecir la versión de cuántos minutos exactamente corresponden a ADIF”. El texto sugiere a Renfe que indemnice y después reclame a la otra empresa la parte que le corresponda. “El criterio que se propone no tendría por qué suponer quebranto económico a esta entidad pública que, en todo caso, tiene a su alcance de exigir con posterioridad a ADIF el pago de estas indemnizaciones, si considera que es responsable del daño”, asegura.

Un servicio, distintos compromisos

Renfe mantiene distintos criterios al indemnizar a los pasajeros por retrasos.

En el AVE de Madrid a Sevilla, la compañía devuelve el 100% del billete si la demora supera los cinco minutos.

En el resto, incluido el Madrid-Barcelona, es el 50% por retrasos de más de 15 minutos y 100% si supera los 30.

La compañía explica que a Sevilla circula el mismo tipo de tren, mientras que a Barcelona hay más distancia y distintos tipos de trenes.

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Renfe aún no ha respondido a la institución que dirige Soledad Becerril, según confirmó un portavoz a este diario. “Se indemniza en todos los casos imputables a Renfe. En todo momento se ha mantenido el compromiso de puntualidad adquirido con los clientes por retrasos que le hayan correspondido como prestador del servicio y excluidos, como es el caso, las causas ajenas a su explotación”, añadió. El portavoz recordó que Renfe va mucho más allá de lo que exige el reglamento de la Ley del Sector Ferroviario. Según esta norma, se tiene que devolver el 50% cuando se superan los 60 minutos de demora y el 100% cuando el retraso es de más de hora y media. El compromiso de los 15 minutos en el AVE Madrid-Barcelona —si supera los 30 se indemniza con el 100%— es “voluntario” y “de carácter comercial”, aseguró el portavoz, para atraer clientes. La puntualidad, en todo caso, sigue siendo muy superior a la del avión, concluyó.

Entre 2011 y el primer semestre de 2015 los ladrones se han llevado más de 1.200 kilómetros de cable, según datos de ADIF. Les interesa el cobre, que venden después en Alemania, China, países de Europa del Este, Brasil, India... Solo un 20% se recupera, pero no soluciona el problema porque no puede reutilizarse. “El robo de cable afecta tanto a las líneas convencionales como a la red de alta velocidad y repercute en el servicio a los ciudadanos, generando retrasos y problemas en el transporte ferroviario, así como degradación de las infraestructuras”, explican desde ADIF. Solo en 2014 estos robos generaron 3.617 minutos de retraso en la red de alta velocidad española. El grueso de estos ataques, sin embargo, se concentra en Cataluña, que suma el 42% de todo el cobre sustraído a la empresa el año pasado.

Uno de los principales puntos negros está en el tramo Alcover-Montblanc. Al robar el cable que alimenta el sistema, ADIF se ve obligado a limitar la velocidad en estos tramos por seguridad. Los AVE, Avant y Alvia se ven afectados y pierden entre siete y ocho minutos, según Renfe. En algunos casos los recuperan, como en el caso de los AVE directos. Los que paran en Camp de Tarragona y Lleida lo tienen más difícil.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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