El PP se niega a eliminar las trabas al voto en el exterior
El Congreso ha aplazado hasta 60 veces en esta legislatura abordar el sistema de voto de los electores residentes fuera de España, a pesar del desplome de la participación electoral
Hasta 60 veces ha ampliado el PP en el Congreso el plazo de enmiendas a la reforma de la ley electoral para facilitar el voto de los españoles residentes en el exterior. El sistema de elección se cambió con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha convertido en un complicado modelo que ha supuesto una caída sustancial de participación y multitud de protestas de residentes en el extranjero. No se eliminarán las trabas para las generales del 20 de diciembre pese a que miles de ciudadanos han tenido que ir a trabajar a otros países por la crisis. La oposición sospecha del escaso interés por solucionarlo.
El PP ha renunciado a solucionar en esta legislatura los problemas surgidos con el procedimiento de voto de los residentes en el extranjero y no eliminará las trabas para votar. Pese a que anunció reiteradamente que abordaría este asunto que impide votar a muchos españoles, la legislatura termina este mes en las Cortes sin que se haya abordado esta reforma.
A iniciativa del Gobierno del PSOE, la legislatura pasada se cambió la ley electoral para establecer lo que se llama el voto rogado, es decir, un requisito más complejo que exige que se pida previamente votar, para emitir luego el sufragio. En la práctica eso se ha convertido en un obstáculo insalvable y ha descendido notablemente la participación de residentes en el extranjero en los últimos procesos electorales. El trámite complicado disuade a los posibles electorales.
Todos los partidos han admitido el fracaso de aquella reforma y han mostrado su interés por modificar este procedimiento sobre el que hay multitud de reclamaciones, pero se ha pasado la legislatura sin que se haga y en las generales del 20 de diciembre se mantendrá este sistema. La oposición considera que la caída de participación de los emigrantes beneficia al PP, porque los ciudadanos que en estos años han tenido que salir de España por falta de trabajo lo tendrán más difícil para votar.
Desde 2011 hay en el Congreso una proposición de ley que se podía haber utilizado para el cambio
La decisión consciente y firme de no abordar este cambio legal es aún más evidente por el hecho de que desde diciembre de 2011 hay en el Congreso una proposición de ley que se podía haber utilizado para el cambio. El texto fue presentado por el Parlamento de Galicia, se admitió a trámite en 2012 en el pleno del Congreso, pero sigue varado desde hace casi cuatro años en la Comisión Constitucional de la Cámara baja.
Desde entonces se han aprobado 60 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, un récord absoluto en la legislatura que hace que el texto presentado entonces sobreviva intacto cuatro años y tenga que discutirse por el Congreso que surja de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.
El PSOE asegura que no se ha abordado por falta de voluntad del PP, mientras los populares explican que todas las ampliaciones de los plazos de enmienda llevan la firma de los dos partidos. El partido mayoritario sostiene que su voluntad era regularlo, siempre con la precaución de evitar el fraude que se denunciaba antes del llamado voto rogado y presencial.
En la conferencia política que el PP celebró el pasado julio se incluyó este asunto entre las conclusiones de las que nunca hubo un documento escrito. Pero ni siquiera desde entonces el PP ha afrontado esta reforma para la que hubiera habido tiempo por trámite de urgencia como ha hecho, por ejemplo, con la reforma exprés del Tribunal Constitucional.
El PP asegura que irá en su programa electoral para las generales, junto con el resto de su propuesta de reforma de los procesos electorales para que gobierne la lista más votada en Ayuntamientos y se mejore la proporcionalidad en el Congreso.
Esa propuesta también fue avalada por la conferencia política y el PP anunció que, aunque no había tiempo para aprobarla en esta legislatura, forzaría el debate y hasta haría que se creara una subcomisión parlamentaria. Pero también en este caso el PP ha quitado el pie del acelerador y lo ha puesto en el del freno para dejarlo como deseo en el programa electoral, según fuentes de la dirección del Partido Popular.
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