Las víctimas critican que el cierre del ‘caso Alvia’ “protege” a cargos políticos

Las víctimas del descarrilamiento del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 acabó en Santiago con la vida de 80 personas e hirió a otras 144 han expresado este viernes su indignación por el cierre de la instrucción del caso sin que ningún cargo político se vaya a sentar en el banquillo. Un centenar de supervivientes y familiares de los fallecidos en el siniestro se han concentrado a las puertas de los juzgados de la capital de Galicia donde durante dos años se ha investigado el accidente. “El auto judicial viola nuestro derecho a conocer la verdad y sepulta la evidencia: la culpa del accidente no fue solo del maquinista”, ha señalado Cristóbal González Rabadán, presidente de la Asociación Perjudicados por el Accidente Ferroviario Alvia Santiago (Apafas), uno de los dos colectivos de víctimas, en alusión al hecho de que el juez Andrés Lago solo plantee acusación contra el conductor del tren, José Antonio Garzón Amo, a quien imputa 80 delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Los dos colectivos de afectados por el descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira, en la que el maquinista entró a casi 200 kilómetros por hora cuando debía hacerlo a 80, despistado por la llamada al móvil que le hizo el interventor a bordo, sostienen que Garzón es “una víctima del sistema” y que el siniestro “estaba cantado, iba a ocurrir tarde o temprano” porque en el diseño de la seguridad de este trazado incluido en la alta velocidad “imperaron intereses comerciales y económicos”. González Rabadán, que sobrevivió al brutal accidente, se refiere al hecho de que en el tramo donde el Alvia se salió de la vía no estuviese activado el sistema de control de frenado ERTMS propio del AVE, que hubiera frenado el tren ante el exceso de velocidad con el que circulaba. El portavoz de las víctimas recuerda que el ERTMS “se desconectó” porque “daba problemas y provocaba retrasos”.

Las asociaciones de víctimas, que recurrirán el auto de cierre de la instrucción al igual que la defensa del maquinista, sostienen que la conclusión “precipitada” de la investigación “protege” a los cargos políticos de Adif, el ente de gestión ferroviaria del Ministerio de Fomento, que tanto en gobiernos del PSOE como del PP tomaron estas decisiones sobre la seguridad del trazado del alta velocidad en Santiago. “Al final se puso en el trazado lo que tenía que haber desde un principio”, subraya González Rabadán, refiriéndose a los cambios en señalización y seguridad que se realizaron en el tramo donde descarriló el Alvia tras el accidente, incluida la activación del ERTMS.

El auto que pone fin a la instrucción del caso considerando que la única causa del siniestro que tiene consecuencias penales fue el exceso de velocidad del maquinista sí ha contado con la aprobación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo ha asegurado que la decisión judicial de cargar todas las culpas sobre Garzón “responde al sentir mayoritario de la sociedad”. AGE y BNG, sin embargo, coinciden con las víctimas en que el cierre de la instrucción no depura todas las “responsabilidades” del accidente, por el que nunca hubo dimisiones y sobre el que PP y PSOE bloquearon todos los intentos de abrir comisiones de investigación en el Congreso y en el Parlamento gallego. El juez que ha puesto fin a las pesquisas, Andrés Lago, tomó las riendas de la causa tras la marcha del magistrado Luis Aláez, quien sí llegó a imputar en dos ocasiones a 27 exdirectivos y técnicos de Adif, exculpados posteriormente por la Audiencia Provincial de A Coruña.