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La Mesa andaluza tramita las iniciativas de la oposición

Las proposiciones pasarán a pleno con nuevas condiciones tras tres rechazos

La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero. Ampliar foto
La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Después de que el letrado del Parlamento andaluz advirtiera a PSOE y Ciudadanos de la legalidad de las propuestas de la oposición —rechazadas tres veces en la Mesa— y de las posibles consecuencias jurídicas de estos actos, finalmente este órgano ha permitido que las iniciativas de estas formaciones sean tramitadas, aunque con las nuevas condiciones impuestas por el presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán. El PP ha anunciado que pedirá la reprobación de Durán.

Los andaluces ahorrarán hasta 138 euros al año en el IRPF

El PSOE y Ciudadanos han aprobado una reducción de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF que permitirá a 2.900.000 andaluces beneficiarse de una rebaja que les supondrá disponer entre 82 y y 138 euros al año. 

Según detalló la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, un contribuyente sin hijos que gane hasta 13.000 euros anuales podrá ahorrar hasta 138 euros. Si tiene dos hijos y gana hasta 20.000 euros, evitará pagar 82 euros.

Esta rebaja para el contribuyente supondrá que la Administración dejará de ingresar 120 millones de euros, que la Junta prevé compensar con el crecimiento económico previsto y mejoras en la gestión.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha pedido que concrete de qué partidas va a sacar los fondos que no se van a recaudar.

Ciudadanos se atribuyó este acuerdo de rebaja y lo consideró un paso "importante, pero no suficiente" para dar su apoyo a los próximos presupuestos de la Junta. El PSOE defendió que esta medida estaba prevista en su programa electoral.

Las iniciativas —sobre Cuentas Abiertas y el Impuesto de Sucesiones— tendrán que incorporar ahora la exposición de motivos de la propuesta de cambio normativo y un cálculo estimado del coste económico. La resolución del presidente de la Cámara fue aprobada antes de dar a conocer el informe del letrado del Parlamento, por lo que las nuevas condiciones se impusieron antes de que Ciudadanos diera marcha atrás en el veto que ha mantenido hasta ahora y permitiera la tramitación ordinaria de las proposiciones de PP, Podemos e IU. La oposición afirma que Ciudadanos conocía el informe antes de aprobar la resolución de Durán.

El PSOE se ha abstenido esta mañana ante el rechazo del Consejo de Gobierno a las propuestas de PP y Podemos, mientras que Ciudadanos se ha unido a la oposición para votar contra esta decisión de la Junta de Andalucía. De esta forma, las iniciativas han seguido su curso, aunque las nuevas condiciones obligarán a retrasar al menos 15 días su debate en el pleno.

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, tras anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los tres primeros vetos a sus iniciativas y contra los diputados que los permitieron, ha afirmado también que propondrán la reprobación de Durán por su actuación, que tachó de "atraco a la democracia y a los intereses de los ciudadanos representados en los grupos parlamentarios". El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha acusado al PSOE de "poner más trabas" a las iniciativas de la oposición y se ha desmarcado de la estrategia del PP.

El Partido Popular cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional, que ya falló en reiteradas ocasiones contra las Cortes Valencianas por una actitud similar del PP. En ese fallo se consideró que el veto a iniciativas de la oposición en la Mesa suponía una "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados". En el caso andaluz, el informe del letrado considera que las propuestas de la oposición “cumplen los requisitos para su admisión a trámite” y pueden “ser incluidas en el orden del día del Pleno”. También advierte el texto que la “dilación indebida o la no adopción de acuerdo alguno (…) podría conllevar, eventualmente, las responsabilidades jurídicas personales por parte de los miembros de la Mesa”.

El PP utilizó su pasada mayoría absoluta en Valencia para vetar, sin dar una explicación adecuada, 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al caso Gürtel. El Tribunal Constitucional ordenó "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y que las preguntas censuradas volvieran a la Mesa.