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De la confrontación al diálogo: por una Ley de Claridad para España

Queremos aportar una vía de solución combinando legalidad con democracia

Probablemente los resultados del 27 de septiembre no sean concluyentes porque no habrá una mayoría suficiente para avanzar hacia la declaración unilateral de independencia y porque, en cualquier caso, el Estado no aceptará ser interpelado desde fuera de la legalidad. Arreciarán a partir del día 28 los gestos de confrontación a la espera de las elecciones generales sin que ningún resultado garantice, a día de hoy, una vía de solución.

Los términos en los que se ha planteado el problema hasta ahora no permiten otro escenario que la confrontación: los principios que se defienden, por un lado o por otro, no se han querido conjugar a la vez.

Para pasar de la confrontación al diálogo es necesario que ambas partes asuman dos principios: el principio de legalidad, por el que no hay diálogo posible si no se respeta la legalidad constitucional, y el principio de democracia, por el que se debe reconocer que existe en Cataluña una expresión independentista relevante que no puede ser ignorada por los demócratas.

Sin embargo, excepto la genérica invocación al diálogo y el consenso de la Tercera Vía, nadie parece aceptar ambos principios plenamente y al mismo tiempo.

La lista independentista Junts pel Sí no reconoce el principio de legalidad. CDC y ER se han embarcado en un proceso hacia una declaración unilateral de independencia que tiene, como último episodio por ahora, el fraude de ley de unas elecciones autonómicas convertidas en plebiscito.

Podemos, con Sí que es Pot, invoca el derecho a decidir, disfrazando el derecho a la autodeterminación. Pero nunca Naciones Unidas reconocerá ese derecho a Cataluña: no sufre ocupación colonial o ausencia de democracia, no se ha impedido el desarrollo de sus singularidades ni carece de sistema de autogobierno. Además, el derecho a decidir desprecia el principio de legalidad y el imperativo de negociar a partir de ella.

El PP y Ciudadanos, por su parte, se atienen al principio de legalidad sin reconocer el principio de democracia: España ha decidido ya sobradamente en la historia y en la Constitución. Este argumento considera como valor supremo la indisoluble unidad de la nación española anteponiéndolo a la libertad y pluralismo político que establece la Constitución como valores superiores.

El PSOE es la opción política que por trayectoria histórica pudiera abrirse a una nueva reflexión. Siempre ha respetado las singularidades nacionales y ha gobernado en diálogo con ellas: invoca la reforma de la Constitución y una redefinición federal de España. Pero, aunque el federalismo fuera una solución para el futuro, sin conjugar los principios de legalidad y democracia no es posible ofrecer una solución precisa hoy.

Con ánimo de concretar aspiraciones como las de la Tercera Vía, y como último paso si fracasara una auténtica negociación política no intentada por Rajoy y Mas, queremos aportar una vía de solución combinando ambos principios. La propuesta consiste en que las Cortes sancionen una Ley de Claridad:

a) Que establezca como inicio del proceso la necesidad de un pronunciamiento de mayoría reforzada del Parlamento de Cataluña a favor de una consulta pactada.

b) Las Cortes estarían obligadas a recoger esta petición y pedirían al Gobierno de la Nación la convocatoria de una consulta para comprobar la voluntad de los catalanes. La ley fijaría su carácter exclusivamente consultivo, el contenido claro de la pregunta, la participación mínima exigible y las mayorías cualificadas requeridas de apoyo.

c) En caso de un pronunciamiento favorable a la independencia, esta no sería automática, sino que daría lugar a la negociación bilateral de buena fe con el Estado para estudiar los términos de la separación u otra fórmula que apareciera en ese proceso. En función del resultado de la negociación, se efectuaría la reforma de la Constitución sometida a referéndum en toda España.

La fórmula tiene ventajas: es realizable dentro de la legalidad constitucional; exige diálogo y negociación constantes desde el comienzo; respeta el principio democrático con una consulta; y solamente en el caso de que esta se inclinara hacia el independentismo, promoverá los cambios constitucionales que solo el pueblo español puede aprobar.

Esta vía tiene resonancias con la opinión de expertos como Rubio Llorente y sus “nueve tesis sobre Cataluña”. Además, hay precedentes en países con problemas parecidos. Se apoya en principios similares a los que posibilitaron el referéndum escocés. En su esquema procedimental podría mejorar la aplicación de la Ley de Claridad utilizada en el caso de Quebec en Canadá.

Si otros países de respetable cultura política han combinado los grandes principios de legalidad y democracia, ¿por qué no España?

Odón Elorza es diputado del PSOE y Manuel Escudero,economista y director general de Deusto Business School.