Imputado otro coronel por el caso de sobornos del narco en Granada

Terremoto interno en la cúpula de la Guardia Civil. La juez María Ángeles Jiménez, que investiga los vínculos del coronel Francisco García Santaella con narcotraficantes de Granada, ha imputado a otro coronel, Francisco Ortiz Clavero, ex jefe de servicios de la unidad de Asuntos Internos.

La magistrada acusa de encubrimiento a este alto mando del instituto armado por archivar un expediente abierto contra Santaella. Ortiz Clavero “obvió la importancia y gravedad de los hechos” por los que un confidente denunciaba haber pagado a Santaella una mordida “sobre 400.000 euros” para contar con su “colaboración y cobertura, dando seguridad en la introducción de hachís a través de la costa de Granada”.

Tras declarar como testigo el teniente general de la Guardia Civil Pascual Solís Navarro, responsable de Asuntos Internos y jefe de Ortiz Clavero cuando en 2006 y 2008 se investigaron los hechos, la juez ha citado a Ortiz Clavero el 19 de noviembre. La Guardia Civil declinó indicar ayer si ha tomado alguna medida contra el coronel.

La primera investigación de Asuntos Internos sobre Santaella surgió en 2006 tras las sospechas desde la Comandancia de Málaga de que un “capitán o comandante” estaba facilitando la entrada de hachís en la costa granadina. A continuación, un alférez denunció al coronel al mando de la Comandancia de Granada que su número tres [Santaella] estaba vinculado al narco, por lo que este informó a la UCO (Unidad Central Operativa) y a Asuntos Internos. La investigación -“bastante somera” censura la juez- fue conocida por Santaella a pesar de su carácter reservado. “Todo apunta a que podría haberse permitido el tráfico de drogas”, indicaba dicho informe. Dos años después, en 2008, un confidente confesó desde prisión y en tres entrevistas los supuestos pagos a dos agentes de Asuntos Internos, denuncia que también cayó en saco roto.

La magistrada resalta ahora que el coronel imputado debió haber denunciado ante la fiscalía o los tribunales la supuesta confesión del narco, que acusaba a Santaella “de unos delitos muy graves, esto es, tráfico de drogas, cohecho y blanqueo de capitales”. Hoy cuatro imputados confirman los supuestos pagos a Santaella, destituido por la Dirección General la pasada primavera.

La reactivación de las investigaciones frustradas contra Santaella llegó el pasado 15 y 16 de noviembre de 2014, cuando en la Operación Golia de la Guardia Civil un pinchazo telefónico alertó a los agentes de mordidas para permitir la entrada de hachís en la costa granadina. Un narco español llamado David conversa con el jefe de su banda, un ciudadano marroquí llamado Rachid:

-El padre nunca nos ha pedido adelantado.

-Sí.

-El padre ¿ha pedido adelantado alguna vez?

-No, no recuerdo, no hombre, no.

-Yo no recuerdo que una vez hayan pedido adelantado.

Tres días después de este diálogo interceptado el pasado 12 de noviembre, el Instituto Armado detuvo a 18 personas e intervino 2.100 kilos de hachís. Cuando los cabecillas de la trama criminal fueron interrogados, confesaron las supuestas mordidas "al padre", e identificaron a esta figura con el coronel Santaella, que rechaza las acusaciones. Los narcos mantienen hoy día que la actuación de Santaella se centraba en "dar cobertura y seguridad" a las operaciones de desembarco realizadas por ellos.

El informe de Asuntos Internos fechado el 1 de septiembre de 2008 subrayaba el cambio que impuso Santaella en las operaciones antidroga, y cómo este dirige "in situ las operaciones, conociendo él solo la ubicación de la guardería [denominación en argot para el almacén de la droga transportada desde la playa] teóricamente facilitada por la fuente viva, durante el desarrollo de la operación no se establece control alguno ni sobre el lugar del alijo, ni sobre el transporte, ni sobre la guardería". El alférez que denunció a Santaella ante Asuntos Internos destacó cómo en una operación controlada en exclusiva por el coronel, "la droga introducida triplica al menos la sustancia estupefaciente finalmente intervenida".

El alférez mencionó en su denuncia cómo un piloto de lanchas comentó que un jefe de la Guardia Civil "les hubiera dado cobertura" en Granada, y una unidad de la Comandancia de Málaga responsable de la Operación Zodiac elaboró una nota informativa que resaltaba que un narco había comentado que un jefe de la Guardia Civil "está en connivencia con otros narcotraficantes y les viene permitiendo la introducción de alijos de drogas". Tras esta denuncia, Asuntos Internos concluyó que "los alijos se realizaban sin ningún problema, lo que evidencia que la cobertura de la Guardia Civil era efectiva".

La conclusión final del informe de Asuntos Internos en 2008 descartaba el cohecho por falta de indicios sólidos: "No se puede concluir que Santaella llegara a lucrarse personalmente". Sin embargo, abría la puerta a otras conductas irregulares que pueden ser tipificadas como delitos y que Asuntos Internos evitó denunciar en los juzgados, motivo de la imputación del segundo coronel en el caso. "Existen indicios de una manipulación irregular de las fuentes vivas que aportaban información relacionada con el tráfico de hachís (...) ya que todo apunta a que podría haberse permitido el tráfico de drogas a narcotraficantes a cambio de que estos facilitaran información que originara la detención de otros, todo ello probablemente motivado por un exceso de celo profesional", rezaba el escrito.

Este año la Policía Judicial de la Guardia Civil granadina, basándose en las declaraciones de cuatro narcos, discrepa de Asuntos Internos y acusa a Santaella de recibir sobornos por 480.000 euros para permitir la entrada de hachís en la costa. La juez da crédito a estas acusaciones y por eso ha imputado al coronel de cohecho, asociación ilícita, revelación de secretos y un delito contra la salud pública.