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El Gobierno anuncia “medidas extraordinarias” para refugiados

Las ONG piden visados de estudio y atender a los que ya están en España

Los asilados y solicitantes de asilo reconocidos tienen acceso a la sanidad pública

Migrantes montan una carpa cerca a la frontera entre Serbia y Hungría este jueves.
Migrantes montan una carpa cerca a la frontera entre Serbia y Hungría este jueves. EFE

Los planes de los ministerios de Sanidad y Educación —el segundo anunció ayer “medidas extraordinarias”— para acoger a los migrantes sirios que puedan llegar a España empiezan a perfilarse, pero aún falta ir al detalle. Ninguno ha aclarado aún, por ejemplo, qué partida presupuestaria específica va a destinar a atender a los refugiados. Mientras, las ONG les piden medidas concretas y de aplicación inmediata, y recuerdan que ya hay en España solicitantes de asilo que tardan años en ver solucionadas sus peticiones.

Tramitar 500 visados de estudios para sirios que hayan huido a Líbano o Jordania ahorraría un viaje inseguro a 500 personas. Esta es, por ejemplo, una de las medidas que ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, solicitó ayer al ministro de Educación. Íñigo Méndez de Vigo está manteniendo reuniones con ONG, colectivos de estudiantes y rectores. El ministerio trasladará la petición a Exteriores, según un portavoz, porque es quien gestiona los visados.

Intérpretes de árabe para las aulas

El Ministerio de Educación propuso ayer que las comunidades contraten auxiliares de conversación en lenguas de origen “con dominio del árabe” para facilitar la adaptación de los alumnos refugiados en los colegios. Serán profesores de árabe y alumnos de los últimos cursos de estos estudios, según dijo el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, informa Servimedia. Marín aseguró que ya se han habilitado fondos del ministerio para financiar las medidas pero no precisó la cantidad. “Se conocerá cuando sepamos el número de refugiados en edad escolar que vengan y su distribución territorial”, dijo un portavoz de su departamento.

Educación propuso “agilizar” las homologaciones y equivalencia de titulaciones o “facilitar” el reconocimiento de la acreditación de profesores universitarios “de aquellos refugiados que la tengan”. Las universidades han requerido expresamente al ministerio colaboración para agilizar el reconocimiento de los títulos. La cuestión es cómo acredita la titulación una persona que probablemente salió huyendo de la guerra sin sus papeles encima y que no puede reclamarlos a su país. El ministerio propuso ayer crear “un grupo de trabajo” con la agencia nacional de acreditación de títulos, la ANECA, y representantes sirios y traductores.

El Ministerio de Sanidad, por su parte, está preparando un protocolo “de atención inmediata” para los refugiados. Quiere “garantizar que estén en la mejor situación", aseguró la semana pasada el ministro, Alfonso Alonso. Una semana después, su departamento no ha precisado qué objetivo tiene ese protocolo ni cómo se está coordinando con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad.

La atención sanitaria a los refugiados está contemplada en la legislación. La ley 12/2009 establece que las personas que tienen reconocido el derecho de asilo o de protección subsidiaria tienen asimismo derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Tienen, por tanto, acceso a la tarjeta sanitaria, pero solo cuando se les reconoce la condición de asilado. El problema llega, tal y como alertan desde Médicos del Mundo, con los solicitantes de asilo a los que aún no se reconoce formalmente como tales.

“Antes de formalizar la petición sí se pueden encontrar en situación de desprotección”, asegura María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Vega explica que en Madrid, actualmente, se tarda cuatro meses en obtener una cita para iniciar los trámites de petición de asilo. Es en ese periodo cuando se pueden producir los problemas porque esas personas no tienen documentos que acrediten que son solicitantes de asilo. A todos los efectos, son inmigrantes en situación irregular.

Es decir, aplicando el real decreto de exclusión sanitaria de 2012, solo tendrían derecho a ser atendidos en urgencias (y los menores y mujeres embarazadas) y, como denuncian distintas organizaciones, les podrían emitir documentos de pago o facturas. Ante la falta de información sobre el protocolo de Sanidad, Vega sugiere que sería interesante que hubiera psicólogos y psiquiatras formados en estrés postraumático en hospitales de referencia a los que se pudiera derivar a los refugiados que necesiten esta atención.