La ‘garganta profunda’ de Suiza

A finales de 2012 y principios de 2013, Suiza es un quebradero de cabeza para Mariano Rajoy. Lo que la gente no sabe, y creo necesario apuntar para dar una idea de las amenazas que se ciernen sobre el líder del PP y presidente del Gobierno, es que la unidad de inteligencia financiera helvética, la MROS, después de haber alertado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) sobre la célebre Visa de 25.000 euros mensuales que se le ha denegado a Luis, tiene en el punto de mira a otro PEP (Persona Expuesta Políticamente). Los policías suizos han seguido durante largos meses la información sobre un caso en España que no alcanzan a entender pero que llama su atención por la elevada concentración de personalidades políticas por metro cuadrado que se advierte en las noticias. Es el turbio asunto del espionaje en la Comunidad de Madrid al que son sometidos dos políticos rivales del equipo de la presidenta Esperanza Aguirre: el exvicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Los policías de la MROS extraen los primeros datos de la que es una fuente de información exclusiva. Son las noticias que aporta el diario El País, el único que parece interesado en cubrir la novela negra que enfrenta a grupos rivales. Por un lado, y separados, Ignacio González, vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, y Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Los agentes de la Guardia Civil contratados por Granados son los que realizan los seguimientos y el espionaje a Prada y a Cobo. Y también a Ignacio González.

Esperanza Aguirre cesa a Granados en el Gobierno de la Comunidad de Madrid en junio de 2011, pero sigue siendo senador, diputado en la Asamblea de Madrid y es secretario general del PP de Madrid hasta noviembre de dicho año.

Los sabuesos de la MROS, dependiente de la Oficina Federal de la Policía helvética, hacen sus averiguaciones y dan con dos cuentas bancarias de Granados, exejecutivo de Société Générale en España. Una de ellas está abierta en el BNP Paribas de Ginebra y su saldo es de 1,5 millones de euros. La segunda es una cuenta conjunta con un empresario llamado David Marjaliza.

A primeros de 2013, casi cruzándose con el envío de la primera cuenta suiza de Luis a España, la MROS decide compartir la información de las cuentas bancarias de Granados con las autoridades españolas. Su destinatario es la unidad de inteligencia

financiera, el SEPBLAC, que depende directamente del secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y por esta vía del ministro de Economía, Luis de Guindos.

Granados tiene amistad con Guindos. Comparten desde hace años una tertulia que se reúne con cierta regularidad en la que también participan Rodolfo Martín Villa y Manuel Pizarro.

El fiscal general Torres-Dulce alertó al Gobierno de la investigación reservada a Francisco Granados

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Salinas, recibe del SEPBLAC un informe de los suizos. Explican en dos folios los detalles que han podido reunir. Es la primera vez que escucha el nombre de Marjaliza. No existe en la Fiscalía ninguna investigación sobre Granados. La MROS explica que a raíz de las informaciones sobre espionaje que han aparecido se han tomado el trabajo de averiguar si el PEP Granados tenía cuentas en Suiza.

Salinas llama al fiscal general del Estado en plena vorágine de las cuentas suizas de Luis. Y en una reunión le aporta copia de los dos folios enviados por la unidad de inteligencia financiera helvética. Torres-Dulce se queda con una copia del documento confidencial y solicita ver al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Le entrega los dos folios y le advierte de que no existe todavía investigación sobre Granados en España.

Ruiz-Gallardón se sorprende por el hecho de que el punto de partida de las averiguaciones helvéticas sea la operación de espionaje sobre uno de sus mejores amigos y colaboradores, vicealcalde de Madrid hasta diciembre de 2011 y secretario ejecutivo de Política Local del PP desde febrero de 2012 a propuesta de Mariano Rajoy. Es Cobo quien precisamente ha denunciado en 2010, cuando aflora el espionaje, que en Madrid «se movió una gestapillo», en referencia a la policía secreta oficial de la Alemania nazi. Ruiz-Gallardón, por otra parte, estima que la operación de espionaje también iba dirigida a él.

Es a Rajoy a quien Ruiz-Gallardón necesita informar nada más recibir los dos folios de manos de Torres-Dulce. Es urgente. Otra bomba de efecto retardado. El ministro ya está oyendo el tictac cuando todavía se escucha el estallido de la cuenta suiza de Luis.

Mantiene una reunión con el presidente del Gobierno. Le aporta los dos folios. Rajoy conoce muy bien a Granados y ha seguido las escaramuzas en Madrid a través de su amigo Alfredo Prada. Rajoy pregunta al ministro si se puede hacer algo preventivamente, ya que Granados sigue siendo senador y diputado en la Asamblea de Madrid. El ministro le disuade. La información es reservada, no hay de momento investigación alguna en España. Rajoy no transmite la información a los dirigentes del PP. No se adopta medida alguna contra Granados, ya que ello destaparía la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción con los datos de Suiza.

Los informes apócrifos de la UDEF desnudan al Ministerio del Interior. El borrador es una quimera, una operación encubierta de guerra sucia

Son los albores, en enero de 2013, de la operación que la Guardia Civil bautizará, de manera elíptica, como Púnica, a partir del nombre en latín de un árbol, el granado. Punica granatum.

Esta aportación de información reservada de Eduardo Torres-Dulce al Gobierno tiene lugar en momentos en los que el fiscal general del Estado es el blanco de ataques por parte del PP y de algunos miembros del Gobierno. El PP le recrimina no ejercer un control sobre la actividad de las fiscales del caso Gürtel, y desde el Gobierno, ministros como Fernández Díaz ven muy críticamente los límites que pone Torres-Dulce a sus pretensiones de que la Fiscalía sea un instrumento directo de la Policía.

El caso más reciente, hasta poco antes de recibir la información de Suiza sobre Granados, es el de Cataluña. En plena campaña de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012, el Ministerio del Interior lanza una ofensiva para minar las posibilidades electorales de Convèrgencia i Unió, el partido nacionalista que lidera el president de la Generalitat, Artur Mas, el hereu de Jordi Pujol i Soley, patriarca del partido y expresident de la Generalitat.

La operación tiene dos patas. Los comisarios José Luis Olivera, jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, y Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos de la Policía, se trasladan a Barcelona el 29 de octubre de 2012. Convocan a una reunión a los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Emilio Sánchez Ulled para analizar ciertas informaciones que poseen sobre un caso de corrupción, el caso Palau. Pretenden entrar y registrar la sede de Convèrgencia i Unió. Este cónclave se hace al margen del juez instructor, Josep María Pijuán, a cargo del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona.

Los fiscales catalanes analizan la información basada en uentes que los comisarios no quieren revelar, pero que levanta la sospecha de los fiscales. Se mencionan cuentas del padre de Artur Mas en Liechtenstein, un asunto que ya estaba archivado en la Audiencia Nacional, y del expresident Pujol, en Suiza. Les suena a noticias recicladas. Saben que la Policía está bebiendo de fuentes tóxicas cuando no inventadas. Una de ellas es el financiero convicto Javier de la Rosa, que ya ha difundido estos datos en Barcelona. Huelen el montaje por su carácter burdo. Hacen saber a sus dos interlocutores que no ven razones para pedir al juez una orden de entrada y registro.

Los dos comisarios vuelven a Madrid con las manos vacías. Pero todavía faltan cuatro semanas para las elecciones autonómicas del 25 de noviembre en Cataluña. Serán aprovechadas por la Policía y el Ministerio del Interior.

El viernes 16 de noviembre de 2012, a nueve días de las elecciones catalanas, la Policía pasa a la segunda fase de la operación.

Filtra al diario El Mundo lo que se presenta como un borrador de la UDEF en el que se sostiene que Artur Mas y Jordi Pujol han recibido parte del dinero que empresas constructoras habían abonado al Palau de la Música como medio para lograr la adjudicación de obras públicas.

El borrador sirve para agitar las aguas. Enseguida se desmiente que la UDEF lo haya elaborado ni como informe preliminar ni como borrador. No está aportado al sumario. Los datos están elaborados sobre la información verbal de Javier de la Rosa, recortes de prensa y rumores extraídos de Internet.

El escándalo desnuda al Ministerio del Interior. El borrador es una quimera, una operación encubierta de guerra sucia. Torres-Dulce cita al fiscal Emilio Sánchez Ulled en su despacho de Madrid.

—Es un corta y pega; aquí no hay nada —le dice con el borrador en la mano.

Pero Fernández Díaz mantiene la presión sobre Torres-Dulce. Porque se acerca el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Interior filtra a El Mundo que el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, ha transferido 12,9 millones de euros desde Suiza a un banco en Andorra en febrero de 2013. El juez Ruz venía de abrir diligencias, por esas fechas, sobre actividades ilícitas de Jordi Pujol Ferrusola (impulsadas por la Policía y Jorge Moragas, director de gabinete de Rajoy, quienes persuaden a la exnovia de Jordi, María Victoria Álvarez, para que preste declaración).

Trías se querella por calumnias. El diario contraataca, al día siguiente, 28 de octubre de 2014, con este titular:

UBS nº 7651162-3445.954

La UBS, a petición de Trías, informa de que no tiene ni ha tenido cuenta. Los números que ha publicado el diario son falsos, no se corresponden con UBS.

Ahora Fernández Díaz quiere ayudar al diario-buzón ante la querella. Pide auxilio a la UDEF. Su jefe, Manuel Vázquez López, ruega el 14 de noviembre de 2014 a la Fiscalía Anticorrupción que abra diligencias.

El informe anónimo que presenta es insuficiente para el fiscal jefe, Antonio Salinas. Interior presiona. Se abren diligencias. El 27 de noviembre, Vázquez López informa al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid de que la UDEF «tuvo conocimiento a través de escrito recibido en dependencias policiales» de la cuenta apócrifa de Trías. La Fiscalía Anticorrupción acaba con el paripé y archiva las diligencias.

Pero la causa por la querella sigue abierta.